Los abogados defensores de los procesados en el caso Pdvsa-Cripto denunciaron este viernes presuntas violaciones constitucionales, procesales y de derechos humanos durante el desarrollo del juicio penal, al que calificaron como un proceso de “naturaleza política” sin validez jurídica.
Durante una rueda de prensa realizada a las afueras del Palacio de Justicia, en Caracas, el equipo legal aseguró que los imputados están siendo juzgados en condiciones desiguales y discriminatorias, y exigieron que el juicio oral sea público y transparente.
Los juristas señalaron que las aprehensiones se habrían ejecutado sin orden judicial previa ni situación de flagrancia, lo que, según su versión, impidió la incorporación oportuna de la defensa privada en las etapas iniciales de la investigación.
Indicaron que esta situación limitó el acceso a actas procesales y dificultó la presentación de recursos y pruebas por parte de la defensa técnica.
Denuncias sobre el desarrollo del juicio
El abogado Jeset García rechazó la intención de continuar el proceso mediante audiencias telemáticas, al señalar que el juicio inició de forma presencial y ya acumula 16 audiencias bajo esa modalidad.
Explicó que el diferimiento de las sesiones se ha debido, en parte, a la negativa del director del Servicio Penitenciario del Rodeo I de cumplir órdenes judiciales para el traslado de los imputados al tribunal.
La defensa también denunció cambios de centros de reclusión de algunos procesados sin solicitud del tribunal ni de los propios detenidos, lo que calificaron como una señal de falta de autonomía del sistema judicial frente a los organismos de seguridad.
Asimismo, señalaron que el expediente presenta desorden procesal, con actas sin firmas y piezas con nomenclaturas desconocidas, lo que —afirman— genera inseguridad jurídica.
También denunciaron que varios de los procesados llevan más de tres años bajo arresto preventivo sin sentencia, lo que excedería los límites legales de las medidas de coerción personal.
Denuncias por presuntos tratos crueles
La defensa aseguró que los imputados han sido objeto de tratos crueles e inhumanos durante su reclusión y traslado, y denunciaron presuntas omisiones en la atención médica y en el deber de custodia.
En ese sentido, solicitaron la participación de la Defensoría del Pueblo, relatores especiales de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como observadores del proceso.
Pidieron además que el juicio sea completamente público, que se garantice el traslado de los acusados a las audiencias y que se permita el ingreso de delegaciones consulares acreditadas.
Testimonios de familiares y otros casos vinculados
Familiares del exministro y exdiputado Hugbel Roa aseguraron que su inclusión en el caso estaría vinculada a investigaciones previas de corrupción. Denunciaron además presuntos malos tratos durante su reclusión y restricciones en las visitas.
En el caso de los exdirectivos de Bancamiga, familiares afirmaron que permanecieron incomunicados durante meses tras su detención y denunciaron presuntos interrogatorios violentos relacionados con activos corporativos.
También sostuvieron que durante el proceso se han revelado presuntos hechos de irregularidades financieras, los cuales —según sus declaraciones— estarían siendo ocultados.
Choferes detenidos en el caso
Familiares de algunos choferes vinculados al caso denunciaron detenciones arbitrarias y presuntos actos de tortura para forzarlos a declararse culpables o aportar información sobre bienes.
Uno de los casos expuestos corresponde al padre de un detenido que aseguró que su hijo trabajaba como chofer y que fue acusado junto al resto de los imputados de delitos como asociación para delinquir, terrorismo y otros cargos.
Los familiares señalaron además problemas de salud de los detenidos y condiciones precarias de reclusión.
Con información de El Nacional
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