La Asamblea Nacional de Venezuela decidió este jueves aplazar la segunda discusión del proyecto de ley para la aceleración de trámites y procedimientos administrativos, una iniciativa presentada a comienzos de enero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Durante la sesión parlamentaria, los diputados debatieron y aprobaron los primeros seis artículos del proyecto, los cuales establecen el objetivo de la normativa, sus principios y el interés general de la legislación. La propuesta busca simplificar los procesos administrativos dentro de la administración pública y agilizar las gestiones del Estado.
Según el texto aprobado, la ley pretende fijar un marco legal que permita a los organismos públicos aplicar mecanismos más rápidos y eficientes para la gestión de trámites, con el objetivo de reducir la burocracia y optimizar los procedimientos dentro de las instituciones del Estado.
Debate por facultades presidenciales
El punto que generó mayor discusión fue el artículo seis, que establece las atribuciones de la Presidencia para acelerar trámites administrativos.
La norma autoriza al Ejecutivo a suspender, reducir, modificar o eliminar determinados procedimientos, permisos o requisitos, siempre que se respete la reserva legal prevista en la legislación vigente.
El diputado Antonio Ecarri, integrante de la fracción minoritaria opositora Libertad, planteó que esas atribuciones también se extiendan a gobernadores y alcaldes.
Sin embargo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, rechazó esa propuesta al considerar que la ley busca centralizar la toma de decisiones para acelerar los procesos administrativos.
El artículo fue aprobado finalmente por la mayoría oficialista.
Discusión continuará en próxima sesión
Posteriormente, y de forma unánime, los diputados acordaron posponer el debate del resto del proyecto hasta una próxima sesión plenaria.
La diputada oficialista María Gabriela Vega solicitó revisar algunos apartados del texto antes de continuar con la discusión.
El proyecto forma parte del paquete de iniciativas impulsadas por el Ejecutivo para flexibilizar el marco económico y atraer inversiones, entre ellas una reforma de hidrocarburos y otra propuesta para modificar la Ley de Minas.
Agencias
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