La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves 19 de febrero de 2026 la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, luego de retomar la segunda y definitiva discusión de la normativa promovida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras su primera aprobación en semanas anteriores. La sesión se realizó en medio de huelgas y protestas de familiares de presos políticos que exigían garantías reales de liberación.
La normativa fue aprobada tras un acuerdo alcanzado con un sector de la oposición dentro del Parlamento, que había planteado objeciones específicas sobre el artículo 7, el cual generó el mayor debate en la plenaria por definir criterios de beneficiarios y condiciones para acceder a la amnistía.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó este jueves, de manera unánime, una histórica ley de amnistía para presos políticos. Excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país
Artículo 7: el corazón de la discusión
El artículo en cuestión exigía que los posibles beneficiarios estén “a derecho o se pongan a derecho”, en referencia a que quienes aspiren a acogerse a la amnistía debían presentarse ante tribunales. Esta condición fue uno de los principales puntos de fricción con legisladores opositores y sectores civiles, que advertían que podría dejar fuera a personas en el exilio y limitar la aplicabilidad de la ley.
Tras intensas negociaciones y reuniones previas a la sesión, ambas partes lograron un acuerdo político parcial que permitió destrabar la norma y avanzar hacia su sanción definitiva en la plenaria de este jueves.
Reacciones y presiones
El proyecto fue acompañado por movilizaciones y huelgas de familiares de presos políticos, quienes demandaban la liberación de sus parientes detenidos por razones políticas. Organizaciones civiles han señalado contradicciones en el texto, especialmente en torno a cómo se define el alcance del beneficio y posibles exclusiones.
Qué sigue tras la aprobación
Con la aprobación en segunda discusión, la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática queda sancionada y habilitada para entrar en vigencia, con efectos en la extinción de responsabilidad penal y eliminación de antecedentes penales para quienes cumplan con los criterios establecidos en la norma. El proceso marca un momento político clave en Venezuela y podría traducirse en excarcelaciones y en la posibilidad de retorno seguro para opositores en el exterior.
NotiPrimicia/ Agencias
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