El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó la destitución del diputado Antonio Ecarri de la presidencia del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Estados Unidos, al considerar que sus actuaciones vulneraron disposiciones legales y constitucionales.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, Rodríguez señaló que la decisión responde a que las acciones de Ecarri “han sido irresponsables y han vulnerado el ordenamiento jurídico que estamos obligados a defender”.
Según explicó, el parlamentario habría infringido el artículo 113 del Reglamento Interior y de Debates, el cual establece que los diputados que ejerzan funciones de diplomacia interparlamentaria deben actuar con apego a la Constitución y a los intereses de la República.
Asimismo, indicó que Ecarri presuntamente violó el artículo 318 de la Constitución, que establece que la unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el bolívar y que el Banco Central de Venezuela es el organismo encargado de ejercer de manera exclusiva las políticas monetarias del país.
Rodríguez también afirmó que no permitirá que se utilice un grupo de amistad parlamentaria para intentar socavar “de manera torpe y espuria las bases constitucionales y legales” de Venezuela.
La junta directiva de la Asamblea Nacional inició un proceso de investigación para determinar las faltas atribuidas al diputado y establecer las responsabilidades y sanciones que correspondan de acuerdo con el reglamento de funcionamiento del Parlamento.
La decisión anunciada por Jorge Rodríguez se produce en medio de una controversia relacionada con versiones que apuntaban a una supuesta contratación del economista estadounidense Steve Hanke para asesorar un proceso de dolarización en Venezuela.
El presidente de la Asamblea Nacional rechazó esas informaciones, calificándolas de “absurdas” y “descabelladas”, y aseguró que las políticas monetarias corresponden exclusivamente al Ejecutivo nacional y al Banco Central de Venezuela. Asimismo, informó sobre el inicio de una investigación para determinar responsabilidades por la difusión de estos señalamientos, al considerar que afectan la credibilidad y la honorabilidad de la institución parlamentaria.
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