El diputado a la Asamblea Nacional Rubén Limas confirmó este viernes que en lo que va de año se han registrado más de 2.000 víctimas mortales por accidentes de tránsito en motocicletas y detalló que la situación ha generado una crisis de salud pública que mantiene colapsados los hospitales del país.
Así lo expresó en contacto telefónico con ND, el también miembro de la Subcomisión de Salud del parlamento. Durante la entrevista informó sobre los avances de la comisión interinstitucional instalada el pasado 4 de junio: «En esta mesa técnica participan los ministerios de Salud, Educación, Transporte e Interior y Justicia, los cuerpos de seguridad PNB, GNB, CICPC, bomberos y Protección Civil, el INTT y representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)».
«Para el 4 de junio hablábamos de 1.994 fallecidos, pero a la fecha esa cifra ya pasó los 2.000 debido a los lamentables accidentes de las últimas dos semanas», enfatizó al mostrar preocupación por el perfil de las víctimas: «La mayor cantidad de muertos son jóvenes menores de 26 años, muchos con hijos pequeños que quedan huérfanos tempranamente. Es una tragedia social, económica y psicológica».
Lesionados y crisis hospitalaria
Más allá de la alarmante cifra de fallecidos, el legislador alertó sobre el impacto de la morbilidad (el número de lesionados), catalogándola como una «bola de nieve» que asfixia al sistema sanitario.
«Son miles de lesionados en nuestros hospitales esperando por cirugías de fracturas de tibia, fémur, columna o traumatismos craneoencefálicos. Los hospitales hoy están colapsados y los ha colapsado precisamente este tipo de accidentes que se están generando en el país».
Limas quien es médico de profesión detalló que el 80 % de las lesiones más graves ocurren en la región de la cabeza debido a que los conductores o sus acompañantes (parrilleros) no usan casco, o utilizan implementos inadecuados que no ofrecen protección integral.
A su juicio, existen múltiples factores que dispararon las estadísticas en los últimos meses, empezando por una «explosión demográfica» del parque automotor facilitada por los bajos costos de las motos en el mercado de la empresa privada, cuyos precios oscilan entre los 400 y 1.000 dólares.
Asimismo, apuntó a la falta de rigor en los trámites legales: «Existe una micro mafia en la administración pública que permite obtener licencias y certificados médicos de manera muy fácil, evadiendo cursos teóricos, prácticos y exámenes psicológicos estrictos».
A esto sumó la inexperiencia de los conductores, el exceso de velocidad y la presión laboral de las empresas de delivery, las cuales —afirmó— «obligan a los motorizados a realizar entregas inmediatas, empujándolos a violentar las normas de seguridad vial».
Mano dura y multas
Al ser consultado sobre las medidas inmediatas para atacar este flagelo, remarcó en que, antes de esperar por reformas legales, la solución más rápida está en manos de las autoridades locales a través de la coacción económica.
«La primera medida tiene que ser aplicar con mano dura y severa la normativa vigente. Exhortamos al Ejecutivo nacional, regional y, especialmente, a los alcaldes a utilizar las ordenanzas municipales para poner orden en esta anarquía».
Comparó el comportamiento de los motorizados en dos municipios colindantes de la capital: «Observamos un comportamiento completamente distinto en el municipio Libertador con relación a Chacao. En Chacao la normativa de seguridad vial es mucho más estricta y su tema punitivo es más fuerte, aplicando multas superiores a las 10 unidades tributarias que establece la ley nacional. Al golpear el bolsillo del infractor, ves cómo los carros, camionetas y motos se comportan de manera diferente».
A mediano plazo, indicó que el Parlamento evalúa una reforma integral a la Ley de Tránsito Terrestre (vigente desde 2008) y a su Reglamento (que data de 1998), instrumentos que calificó de «desfasados». Dentro de ese escenario, adelantó que formará parte del debate legislativo el aumento del costo de las multas nacionales, ya que las 10 unidades tributarias actuales resultan irrisorias.
Reveló que junto al Ministerio de Educación se estudia una propuesta para incluir formalmente la materia de seguridad vial en el pensum de estudio desde los primeros años de escolaridad y liceos.
El diputado cerró haciendo un llamado a los medios de comunicación para iniciar campañas masivas de concientización, aclarando que el objetivo no es criminalizar al gremio: «No queremos satanizar a este sector, sabemos que allí hay hombres y mujeres que usan su moto para trabajar, producir y mantener a su familia; pero todos deben entender que lo que está en juego es su propia vida».
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