El Gobierno de Brasil otorgó el beneplácito a la designación del general venezolano Luis Gerardo Reyes Rivero como agregado militar de la Embajada de Venezuela en Brasilia, pese a las sanciones impuestas por Estados Unidos en noviembre de 2024 por su presunta participación en la represión de protestas tras las elecciones presidenciales de ese año.
Según reveló el medio brasileño UOL y confirmaron fuentes diplomáticas, la decisión fue aprobada en abril por las autoridades brasileñas, que consideran que las sanciones unilaterales de terceros países no tienen efecto jurídico en su territorio, al no estar avaladas por el Consejo de Seguridad de la ONU.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Reyes Rivero en una lista de funcionarios venezolanos sancionados por presuntamente haber apoyado acciones de represión contra manifestantes y por detenciones arbitrarias tras los comicios presidenciales de 2024.
En aquel comunicado, Washington señaló a varios oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por su presunto papel en la “represión de la sociedad civil” y en el uso de la fuerza contra protestas, en el contexto de las elecciones en las que el chavismo se declaró vencedor en medio de denuncias de irregularidades.
Reyes Rivero ha ocupado cargos de mando dentro de la GNB, incluyendo responsabilidades operativas en el estado Yaracuy, según registros oficiales citados por el Tesoro estadounidense.
La designación del militar venezolano en Brasilia se produce en medio de un debate más amplio sobre el alcance de las sanciones internacionales y el reconocimiento diplomático entre gobiernos.
Brasil mantiene la posición de que solo aplica sanciones aprobadas por Naciones Unidas, lo que le permite recibir y acreditar a funcionarios señalados por otros países sin restricciones automáticas.
Tras las elecciones venezolanas de 2024, las relaciones entre Caracas y varios gobiernos de la región atravesaron tensiones diplomáticas, aunque posteriormente se han mantenido canales de comunicación abiertos en distintos niveles.
El caso del agregado militar venezolano se suma a otros episodios recientes que evidencian diferencias en la interpretación de sanciones y legitimidad institucional en América Latina.
Agencias
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