Se calcula que el 40% de la población venezolana está recurriendo a pozos de agua subterráneo de emergencias para cubrir sus necesidades básicas, según lo expuso Nicola Ceci, magíster en ingeniería sanitaria y CEO de la consultora Enviro-Water Soluciones, durante su participación en el Foro «Estrategias de recuperación nacional: una mirada desde los postgrados de ingeniería de la UCAB”.
El experto indicó que también se estima que el 40% del agua que se procesan en las plantas de tratamientos «se pierden en la distribución debido a la cantidad de fugas que existen», producto del deterioro y mal estado de las tuberías en el país.
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A su juicio, «una de las cosas que actualmente llama la atención es que las propiedades que no cuentan con un pozo de agua están perdiendo valor, principalmente en Caracas, Valencia y Maracay, donde se ha incrementado la perforación de pozos en los últimos años».
Problemas ambientales
Ceci enfatizó que esto trae como consecuencia problemas ambientales, que terminan afectando tanto el tratamiento del agua, como en los desagües a los que caen los desechos, entre ellos, playas, ríos y quebradas.
A esto se le suma que la extracción de agua del subsuelo consume energía eléctrica, «lo que para un sistema frágil como el presente es una clara oportunidad de mejora y el considerar opciones de bombeo inteligentes es una premisa básica a desarrollar».
Indicó que Venezuela posee reservas subterráneas de más 18.000 millones de metros cúbicos, según compilaciones técnicas y ambientalistas. Sugirió que se debe tomar acciones inmediatas en lo técnico, legal y social, entre ello, actualizar el Catastro Nacional de Pozos.
“Hay que legalizar los pozos actuales no con fines punitivos, como es lo habitual, sino para entender la demanda real», mientras que el agua subterránea «no puede ser gratis. La gestión implica que los consumidores a través de sus pagos financien la protección de las zonas de recarga de estos acuíferos», expuso.
Otra acción que debe tomar el Estado, según el experto, es regular los permisos de perforación «no solo por el riesgo al agotamiento de los acuíferos, sino también por otras consecuencias como la subsidencia de los terrenos».
En el caso de los embalses, apuntó que todos están en condiciones deficientes, por lo que se requiere una gran forma de intervenir e invertir en el tratamiento de las plantas de agua y red de distribución en todo el territorio nacional.
Demanda eléctrica supera los 14.000 megavatios
Por su parte, Alexis Barroso, ingeniero electricista y profesor investigador del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería (CIDI) de la UCAB, quien también participó en el foro, señaló que la recuperación del sistema eléctrico nacional (SEN), que se encuentra en una «crisis sistémica», es un desafío a nivel de ingeniería, económico y financiero.
Precisó que actualmente la demanda máxima nacional de energía eléctrica ronda los 14.500 megavatios – «ya está en crecimiento»- de los cuales 75% proviene de las hidroeléctricas, 25% de las termoeléctricas, mientras que otros fotovoltaico y eólico menos del 0,5%.
Explicó que los problemas del SEN responden a dimensiones institucionales, financieras, técnicas y legales, por lo que propone realizar una reforma en la Ley Orgánica del Sector Eléctrico, con el objetivo de promulgar un nuevo marco legal que separe las funciones de formulación de políticas, regulación, gestión técnica y gestión empresarial.
También propuso la «desintegración vertical», que es separar las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización para «fomentar la transparencia y la participación privada».
Sugerencia
Otra sugerencia que realizó el experto fue establecer nuevos entes reguladores, con la creación de la Comisión Eléctrica Nacional (regulador) y el Centro Nacional de Gestión (operador del SEN y administrador del Mercado Mayorista de Electricidad).
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Enfatizó que para consolidar estas propuestas hay que implementar un pliego tarifario de emergencia y un sistema de subsidios directos a sectores vulnerables para «garantizar la sostenibilidad económica mientras se recupera el poder adquisitivo de la población».
Barroso insistió en que se debe permitir la participación financiera del sector privado y modernizar el sistema de medición, lectura y facturación para reducir drásticamente las «pérdidas no técnicas» (robo de energía).
«La energía eléctrica es el catalizador indispensable para la reconstrucción económica de Venezuela. Sin un flujo eléctrico estable, confiable y moderno, cualquier intento de reactivación industrial o mejora en la calidad de vida de los ciudadanos carecerá de base sólida. La meta final es transformar un sistema en crisis en un servicio público de clase mundial que impulse la competitividad del país en el siglo XXI», dijo el ingeniero.
Oficiales
Ratificó que no hay cifras oficiales de cuánto se requiere invertir en la industria eléctrica nacional: «Solo hay estimaciones que rondan entre los 15.000 y 50.000 millones de dólares». Considera que primero se debe realizar una evaluación técnica general para poder especificar un monto.
Además, puntualizó que uno de los problemas que se debe resolver en primera instancia es la deuda que mantiene Venezuela con las empresas proveedoras que operaban en el país, monto que ronda por los 2.000 millones de dólares.
Luis Ramírez, director de los postgrados de la Facultad de Ingeniería de la UCAB, indicó que el Estado debe poner sobre la mesa la posibilidad de que Venezuela implemente las energías renovables (eólica y fotovoltaicas) para no solo depender de la generación de electricidad de las hidroeléctricas y termoeléctricas.
Agregó que la formación académica es clave para impulsar el desarrollo tanto de talento humano, como económico y social dentro de las empresas dedicas a este sector.
Transporte, calidad y tecnología
La directora del CIDI-UCAB y presidenta de la Sociedad Venezolana de Ingeniería de Transporte y Vialidad, Celia Herrera, también participó en el foro y manifestó que dentro de los proyectos de recuperación nacional deben incluir el sistema de transporte y sus condiciones.
«Tiene que haber una inversión, pero hay que pensarla desde saber que hay prioridades de toda naturaleza y que hay unas que uno pensaría que están primero en la lista, como alimentación, salud, energía, agua y ante eso uno tiene que ser como muy jerárquico en qué priorizas para poder hacer estas cosas», sostuvo.
A su criterio, dentro de las prioridades está atender el «legado de obras civiles inmenso» que ya existen en el país que, «mal que bien, permiten que la cotidianidad se dé. Lo que mejor podemos hacer es tratar de recuperar unas condiciones de serviciabilidad óptima a esa trama para que entonces esa cotidianidad pueda ocurrir de manera más fluida, más sencilla, más humana y más cercana, sobre todo para los más desfavorecidos».
Con respecto al tema de inversión, la experta dejó claro que en el sector transporte es complicado determinar por el momento un monto exacto, debido a que agrupa transporte público, fluvial, marítimo, metro, ferrocarril y aéreo.
Calidad
El presidente de Fondo para la Normalización y Certificación de la Calidad (Fondonorma), Omar Bautista, expuso durante el foro que otro de los retos que tiene Venezuela es reformar sus normas de calidad, que no se actualizan desde octubre de 2002.
«La calidad no es solo un trámite, es el lenguaje técnico que permite que un país funcione y se conecte con el mundo, debido a que genera confianza en los inversionistas y los proyectos (…) Venezuela está en el puesto 132 de 185 en el Índice Global de Infraestructura, lo que refleja leyes, técnicas e instituciones desactualizadas», expresó.
En ese sentido, manifestó que las propuestas estratégicas para la recuperación nacional pasan por tres niveles: institucional, empresarial y social, que genere calidad, confianza e inversión.
En esto concuerda Luis Serpa, gerente de Ingeniería e Infraestructura en la consultora tecnológica Soutec, que aseguró que las últimas inversiones en tecnología que realizó el país fue hace más de 20 años, por lo que Venezuela se encuentra en un estado grave de obsolescencia.
Expresó que el país requiere modernizar su infraestructura, sistema y plataformas para recuperar capacidad operativa, eficiencia y sostenibilidad, por lo que «hay que trabajar en las líneas de producción, tanto a nivel petrolero, gasífero, eléctrico y de telecomunicaciones».
Esto pasa también por realizar una evaluación técnica general de las industrias, para comenzar a trabajar en la eficiencia, bajo las normas internacionales.
«El objetivo es actualizarnos porque ya las empresas internacionales están regresando y las empresas venezolanas que no estén actualizadas con las normas o estándares internacionales no van a formar de los proyectos», advirtió Serpa.
Aseveró que el capital humano existe en el país, pero se requiere «alinear fuerzas, prepararse y certificarse» para poder acometer el Revamp en el sector energético, que significa renovar, modernizar o reestructurar, aplicado a mejorar el aspecto o funcionamiento de las industrias.
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