El candidato presidencial del Partido Republicano de Chile, José Antonio Kast, defendió este miércoles una controvertida propuesta migratoria: obligar a los 336.000 migrantes irregulares que residen en el país a regresar a sus naciones de origen, costeando ellos mismos su pasaje de salida.
En medio de la campaña para la segunda vuelta, Kast lanzó una advertencia directa: quienes no acepten salir voluntariamente enfrentarán sanciones severas y quedarán vetados de por vida para ingresar nuevamente a suelo chileno.
El abanderado de la derecha aseguró que esta estrategia de presión funcionará, calculando que «por cada persona que deba ser detenida y expulsada, al menos cinco se irán voluntariamente».
«Centros de refugio» para venezolanos
Respecto a la comunidad venezolana, la situación es más compleja debido a la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. Kast planteó la creación de «centros de refugio» donde los migrantes permanecerían retenidos hasta que el gobierno de Caracas envíe aviones para repatriarlos. Esta medida ha sido calificada por diversos sectores sociales como inhumana y discriminatoria.
Además, aclaró que los migrantes con procesos judiciales pendientes en Chile no serán expulsados de inmediato, sino que deberán cumplir sus condenas en el país antes de ser deportados.
La candidata oficialista, Jeannette Jara, reaccionó calificando la propuesta de Kast como «insólita» e «imaginaria», cuestionando su viabilidad técnica y diplomática.
Jara argumentó que Venezuela no recibe a sus deportados. Sin embargo, analistas recuerdan que sí existe el mecanismo oficial «Gran Misión Vuelta a la Patria», el cual se vio paralizado en Chile precisamente tras la ruptura de relaciones durante el gobierno de Gabriel Boric, lo que impidió el aterrizaje de aeronaves venezolanas.
Contradicción histórica
La propuesta ha generado un fuerte debate ético en Chile. Críticos señalan la contradicción histórica de la medida, recordando que durante la dictadura de Augusto Pinochet, miles de chilenos fueron acogidos como exiliados en Venezuela y otras naciones.
Hoy, la iniciativa de expulsión masiva es vista por organizaciones de derechos humanos como una violación a los principios de solidaridad y dignidad humana que, en el pasado, beneficiaron a los propios chilenos.
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