El asesinato del teniente coronel Rafael Granados Rueda, ocurrido en Popayán, Cauca, ha generado una contundente respuesta del Gobierno Nacional. El presidente Gustavo Petro calificó el hecho como un «crimen de guerra», elevando el tono ante la gravedad del ataque contra un oficial activo que se encontraba en estado de indefensión.
Granados, quien se desempeñaba como jefe del departamento de operaciones de la Brigada contra el Narcotráfico N.º 3, fue ultimado por dos hombres armados en inmediaciones del barrio Champagnat, cerca de las casas fiscales del sector La Toscana.
Violación al Derecho Internacional Humanitario
Para el mandatario y las Fuerzas Militares, el ataque desborda la violencia común. Al tratarse de un oficial que no estaba en combate y fue objeto de una agresión dirigida, el Ejército sostuvo que se trató de una «violación flagrante al Derecho Internacional Humanitario (DIH)«.
Petro ha exigido un informe urgente sobre los protocolos de seguridad del oficial, mientras las autoridades investigan si el crimen es una retaliación por su papel en la lucha contra las estructuras criminales en una región disputada por disidencias de las Farc y el ELN.
Cacería y millonaria recompensa
Tras un consejo de seguridad extraordinario, las autoridades anunciaron una bolsa de recompensa total de $230 millones de pesos para quien brinde información que permita la captura de los autores materiales e intelectuales:
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$200 millones ofrecidos por el Ministerio de Defensa.
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$30 millones adicionales aportados por la Alcaldía de Popayán.
«El cobarde asesinato de nuestro teniente coronel Rafael Granados Rueda no quedará impune», declaró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Unidades de inteligencia ya han activado un plan de rastreo en la capital caucana para cerrar el cerco sobre los atacantes.
El Colombiano / NotiPrimicia
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