En sesión extraordinaria, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó un paquete de 176 reformas económicas destinadas a enfrentar la severa crisis humanitaria y financiera de la isla, agravada en 2026 por el endurecimiento de las sanciones de EEUU y un severo bloqueo petrolero.
El presidente Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero enfatizaron que estos cambios estructurales no abandonan el socialismo, sino que constituyen una medida indispensable y urgente para su sostenibilidad. Las reformas abarcan un amplio abanico de áreas, entre ellas destacan:
Reconfiguración Turística y Apertura Inmobiliaria
Se expande la participación del sector privado, cooperativo y de empresas mixtas en el sector, permitiendo que gestionen agencias de viajes, marinas y servicios de guías.
Se autoriza el desarrollo inmobiliario integral en zonas turísticas clave (como La Habana Vieja y los cayos). Se facilitará el arrendamiento, usufructo y venta selectiva de inmuebles a cubanos residentes y extranjeros.
Se permite la importación y renta de vehículos mediante gestión no estatal y se proyecta la creación de un banco cooperativo en línea enfocado en activos virtuales.
Transformación empresarial, financiera y agrícola
Las empresas públicas podrán transformarse en sociedades mercantiles por acciones, permitiendo la compra de activos y participaciones por parte de privados y extranjeros, aunque el Estado mantendrá la mayoría en sectores estratégicos.
Se establecen normativas jurídicas para la reestructuración, liquidación y quiebra de empresas.
Se descentralizan las decisiones agrícolas y locales, y se abre la posibilidad de crear una banca privada regulada por el Banco Central.
Inversión extranjera y flexibilización comercial
Se eliminan las entidades estatales intermediarias de empleo (permitiendo la contratación directa) y se implementa el principio de «silencio administrativo positivo» para acelerar aprobaciones.
Los inversores extranjeros podrán abrir cuentas en el exterior sin aprobación previa y acceder directamente al mercado cambiario. El derecho de superficie se extiende a 99 años y el de usufructo a 50 años.
Las empresas privadas y cooperativas quedan autorizadas para importar y exportar de forma directa.
Política social, subsidios y salarios
El Estado migrará de subsidiar productos de forma generalizada a subsidiar directamente a las personas en situación de vulnerabilidad.
Se incrementará el salario mínimo y se actualizarán las escalas salariales, beneficiando al 51% de los trabajadores del sector público.
Todos los actores económicos privados y estatales deberán cofinanciar programas de asistencia social (pensiones, comedores públicos, hogares de ancianos y huérfanos).
Energía, planificación y transición al mercado
Se liberan los aranceles y trabas para la importación comercial directa de motocicletas, triciclos y autos eléctricos, condicionado a que incluyan sus estaciones de carga.
Hacia 2030, Cuba transitará de una distribución física y centralizada de recursos a un modelo de planificación financiera que otorgue mayor espacio a las dinámicas de mercado.
Este paquete de medidas surge tras la salida parcial o total de la isla de importantes corporaciones internacionales (como las cadenas Meliá, Iberostar, Blue Diamond y la minera Sherritt), debido a la presión de las sanciones financieras estadounidenses aplicadas desde junio, que penalizan el uso del dólar y congelan activos a firmas extranjeras.
NotiPrimicia / Agencias
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