La defensora del pueblo, Eglée González Lobato, planteó que la reforma de la justicia penal debe garantizar el acceso igualitario a la justicia, considerar las particularidades de cada territorio y ampliar las oportunidades de reinserción social, especialmente para los adolescentes en conflicto con la ley.
Durante la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, González Lobato destacó la importancia de escuchar a las comunidades e incorporar sus necesidades al proceso de transformación del sistema judicial.
Señaló que las barreras territoriales, sociales y económicas pueden limitar el ejercicio efectivo de los derechos y las garantías judiciales. Por ello, indicó que las particularidades de Nueva Esparta deben tomarse en cuenta para evitar que el acceso a la justicia dependa del lugar de residencia o de la condición social de las personas.
La funcionaria sostuvo que la reforma no debe limitarse a modificar las normas, sino traducirse en garantías efectivas, procedimientos justos y respuestas institucionales que atiendan las necesidades de las personas sometidas al sistema penal, sus familiares y las comunidades.
Como parte de su agenda, visitó la Entidad de Atención Los Cocos, donde compartió con adolescentes en conflicto con la ley y abordó la importancia de la formación, la convivencia y las oportunidades para construir nuevos proyectos de vida.
En ese encuentro presentó el programa Jóvenes Defensoriales, orientado a promover entre la juventud la formación en derechos humanos, la prevención de riesgos, las alertas tempranas, la convivencia y la resolución pacífica de conflictos.
González Lobato propuso incorporar a los adolescentes atendidos por el sistema penal en estas actividades, como parte de un proceso que fortalezca sus capacidades y sus posibilidades de integración familiar y comunitaria.
Asimismo, planteó desarrollar talleres de convivencia, mediación y resolución pacífica de controversias en las entidades de atención, con el propósito de prevenir la violencia y ofrecer herramientas para la vida en comunidad.
La defensora enfatizó que la respuesta institucional debe combinar la responsabilidad por los actos cometidos con el reconocimiento de que los adolescentes son personas en desarrollo, titulares de derechos y con posibilidades de construir un futuro distinto.
Agencias
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