Delsa Solórzano denuncia “graves inconsistencias” en caso de Víctor Quero

por Dennys Bracho

La presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, advirtió que el caso del preso político Víctor Hugo Quero presenta “dudas demasiado graves como para dejarlas pasar”, tras las recientes denuncias sobre inconsistencias en su detención, fallecimiento y manejo institucional.

Las declaraciones surgen luego de pronunciamientos de organismos internacionales que han exigido al Estado venezolano aclarar lo ocurrido con Quero, quien murió bajo custodia en circunstancias que han generado cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición.

“Tres fechas distintas de muerte”

Solórzano señaló que una de las principales irregularidades del caso es la existencia de distintas versiones oficiales sobre la fecha de fallecimiento.

De acuerdo con su denuncia, el caso presenta al menos tres fechas diferentes: una registrada en comunicados oficiales, otra en documentos funerarios y una tercera en el acta de defunción, lo que —a su juicio— abre serias dudas sobre la transparencia del proceso.

La dirigente también cuestionó el cumplimiento de los procedimientos legales en casos de fallecimiento bajo custodia del Estado, señalando que la ley establece plazos específicos para la entrega de cuerpos a los familiares, los cuales no habrían sido respetados.

Además, recordó que el Protocolo de Minnesota exige investigaciones médico-legales independientes en muertes ocurridas en contextos de detención, algo que —según su denuncia— no se habría cumplido de forma adecuada.

Cuestionamientos al sistema judicial

Solórzano también puso en duda el rol de las autoridades judiciales en el caso, señalando contradicciones entre decisiones legales y la información sobre el estado del detenido.

La dirigente afirmó que la familia de Quero fue sometida a un proceso prolongado de incertidumbre, con información fragmentada sobre su paradero durante meses.

Un caso bajo presión internacional

El caso de Víctor Quero ha sido citado por organizaciones de derechos humanos como un ejemplo de presuntas irregularidades en el sistema penitenciario venezolano, incluyendo denuncias de desapariciones forzadas, falta de información oficial y demoras en la entrega de cuerpos.

Hasta ahora, el Estado venezolano no ha ofrecido una versión única y definitiva que aclare todas las inconsistencias señaladas por la oposición y organismos internacionales.

Con información de Alberto News

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