El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves la imposición de nuevas sanciones financieras contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, junto a varios miembros de su familia y altos funcionarios vinculados al entorno del poder en la isla.
Las medidas fueron adoptadas a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y forman parte de una nueva ronda de presión económica de la administración estadounidense sobre el Gobierno cubano.
Entre los sancionados figuran Lis Cuesta Peraza, esposa del mandatario cubano, y Manuel Anido Cuesta, su hijastro residente en Madrid. También fue incluido Alejandro Castro Espín, hijo del exgobernante Raúl Castro, así como otros miembros del entorno familiar y político.
Asimismo, la lista incorpora a instituciones clave del aparato estatal cubano, entre ellas el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la agencia Amistur y la minera La Victoria.
Restricciones financieras
Las sanciones implican el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones financieras o comerciales con las personas y entidades designadas por OFAC.
Según el Tesoro, estas medidas forman parte de una estrategia destinada a incrementar la presión sobre el sistema político y económico cubano en medio de la crisis que atraviesa la isla.
Escalada de tensión entre Washington y La Habana
La nueva ofensiva se enmarca en el endurecimiento de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba bajo la administración de Donald Trump, que ha reforzado las restricciones económicas y advertido sobre posibles sanciones secundarias a terceros países.
Washington ha argumentado que estas acciones buscan responder a denuncias de violaciones de derechos humanos y corrupción dentro del aparato estatal cubano, mientras La Habana rechaza las medidas y las califica como una política de “asfixia económica”.
El Gobierno cubano sostiene que cualquier transformación interna debe ser decidida exclusivamente por su población y ha denunciado reiteradamente la presión estadounidense como una forma de injerencia.
Agencias
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