Luis Felipe Montiel
Al 16 de septiembre de 2026, un tribunal federal en Delaware, aprobó la venta de las acciones de PDV Holding, la matriz estadounidense que sostiene, como una Jenga a punto de derrumbarse, todo el imperio de CITGO. El precio: unos US$5.892 millones, una cifra que suena a mucho dinero hasta que uno recuerda de qué estamos hablando. reuters.com
Porque CITGO no es, como cree medio país, «esa gasolinera gringa que tenía Venezuela». Es una máquina industrial con tres refinerías gigantescas —Lake Charles, Corpus Christi y Lemont—, capacidad para procesar 829.000 barriles diarios, 35 terminales propios, 18,1 millones de barriles de almacenamiento y más de 4.000 estaciones que usan su marca (aunque, ojo, son independientes: CITGO no es dueña de cada bomba de gasolina, solo del prestigio y del logo). citgo.com
Puede leer: Presupuesto familiar respira: Gasto en alimentos se reduce de 65% a 41% según Datanálisis
Venezuela compró ese monstruo en dos cuotas, como quien financia un televisor: 50% en 1986 por US$290 millones y el resto en 1990 por US$661,5 millones. Casi mil millones de dólares de entonces para asegurarse un lugar en el mercado más grande del planeta. upi.com Cuarenta años después, ese activo está a punto de irse por una cifra que ni siquiera coincide con lo que el propio asesor financiero del proceso, Evercore, calculó: alrededor de US$13.000 millones. Venezuela, por su parte, alegó que la empresa vale más de US$18.000 millones. El tribunal no adoptó ninguna de esas cifras como precio «verdadero» —son estimaciones con metodologías y fechas de corte distintas—, pero la brecha entre lo ofertado y lo tasado es lo suficientemente escandalosa como para no necesitar maquillaje matemático. reuters.com
¿Cómo llegamos aquí? Con una fórmula legal que suena a hechizo: alter ego. Un tribunal decidió que PDVSA estaba tan controlada por el Estado venezolano que, en la práctica, era el Estado disfrazado de empresa. Y si PDVSA es Venezuela con corbata, entonces los acreedores de Venezuela —empezando por Crystallex, la minera canadiense despojada de Las Cristinas— podían ir directo por las acciones de PDV Holding. Ese fue el gancho jurídico que abrió la puerta a los 15 acreedores reconocidos en este proceso, que reclaman cerca de US$19.000 millones. govinfo.gov Diecinueve mil millones contra una oferta de cinco mil ochocientos: la aritmética del desastre nunca fue tan elegante.
Y como si la fiesta necesitara un invitado más incómodo, aparecen los bonos PDVSA 2020, con el 50,1% de CITGO Holding puesto como garantía. Amber Energy —la compradora, afiliada al fondo Elliott, del inversionista Paul Singer, famoso por perseguir deudas soberanas como sabueso de caza— incluyó en su propuesta un pago de unos US$2.100 millones destinado a los tenedores de los bonos PDVSA 2020. Sin conocer el contrato completo, no puede afirmarse que ese monto se sume mecánicamente a los US$5.892 millones de la oferta base. Lo que sí es innegable es que existe, y que sin resolverlo la transacción no camina. reuters.com
La subasta tuvo su telenovela: primero el Special Master recomendó inicialmente la oferta de Dalinar Energy, consorcio encabezado por Gold Reserve, por unos US$7.380 millones, una oferta más alta que terminó descartada a favor de Amber. Gold Reserve protestó, como era de esperarse, pero el juez prefirió certeza de cierre sobre precio nominal. finance.yahoo.com Mientras tanto, CITGO seguía funcionando, produciendo ganancias y reduciendo deuda: US$452 millones de ganancia neta en 2025. citgo.com La empresa sosteniéndose sola mientras su dueño formal la ve escaparse por la puerta trasera del sistema judicial estadounidense: ironía digna de sátira griega.
Los responsables no son una abstracción
Decir que «Venezuela no pagó» es correcto, pero cómodo. Los países no firman decretos ni suspenden cuotas: lo hacen sus gobiernos.
Hugo Chávez originó buena parte de la factura. Bajo su gobierno se expropiaron los proyectos de ConocoPhillips, activos de Tidewater, las plantas de Owens-Illinois y operaciones mineras de Crystallex y Rusoro, expropiaciones que terminaron convertidas en laudos millonarios —algunos dictados después de su muerte, pero originados por decisiones tomadas mientras gobernaba.
Nicolás Maduro y las directivas de PDVSA heredaron la obligación de pagar y no lo sostuvieron. PDVSA abonó cerca de US$700 millones a ConocoPhillips y suspendió los desembolsos a finales de 2019; con Crystallex también hubo acuerdos para evitar la ejecución sobre CITGO, y también se incumplieron. En 2016, además, PDVSA, bajo el gobierno de Maduro, comprometió el 50,1% de CITGO Holding como garantía de los bonos PDVSA 2020, la hipoteca que hoy complica cada intento de cierre.
Las juntas vinculadas a la oposición heredaron el litigio en 2019 y deben rendir cuentas sobre gastos legales y oportunidades negociadas o perdidas, pero no ordenaron las expropiaciones ni emitieron los bonos.
La cadena, sin eufemismos: Chávez fabricó buena parte de la factura; Maduro y sus directivas dejaron vencer pagos, rompieron acuerdos y empeñaron la garantía; las administraciones opositoras heredaron la defensa de un activo ya hipotecado. Si en algún tramo de esa cadena hubo algo más que negligencia —decisiones que pusieron el patrimonio público en riesgo sabiendo el costo—, corresponde a fiscales e investigadores establecerlo con actas y contratos en mano, no con titulares. Lo cierto, al cierre de esta crónica, es que Washington ni siquiera ha autorizado que la venta se cierre: Venezuela conserva CITGO como quien conserva el auto que ya perdió en la subasta, pero todavía no se lo llevan de la casa. ofac.treasury.gov
El Venezolano / NotiPrimicia
Manténgase conectado e informado en cada una de nuestras plataformas:
Instagram: notiprimicia
WhatsApp: NotiPrimicia
Telegram: NotiPrimicia
YouTube: @NotiPrimicia
TikTok: @notiprimicia
