El proyecto de reforma de la Ley del Sistema Eléctrico venezolano carece de garantías suficientes para atraer las inversiones privadas que necesita el país para superar la crisis eléctrica, advirtió el ingeniero y experto en energía Elías Matta.
El especialista considera que la propuesta representa el cambio más profundo del sector en los últimos 25 años, al plantear el fin del monopolio de Corpoelec y abrir la generación, distribución y comercialización de electricidad a la participación privada.
«Es un reconocimiento implícito de que el modelo estatal fracasó. La reforma pone fin al monopolio de Corpoelec y abre la generación, la distribución y la comercialización a la inversión privada. La dirección es correcta», afirmó Matta.
Entre los avances del proyecto, destacó la creación de una tarifa basada en los costos reales del servicio, acompañada de un subsidio explícito que deberá aparecer en cada factura. También valoró la creación de una superintendencia reguladora, la separación del despacho eléctrico de Corpoelec y la libertad de contratación entre grandes consumidores y generadores.
Matta plantea cinco cambios para garantizar inversiones
Pese a reconocer estos avances, Matta advirtió que el proyecto no establece mecanismos suficientes para proteger a los inversionistas ni garantizar la viabilidad financiera de los proyectos eléctricos.
Uno de los principales problemas, explicó, es la falta de garantías para el pago de los subsidios. Aunque la propuesta establece que estos no deben perjudicar a las empresas, no fija plazos de pago ni consecuencias ante un eventual incumplimiento del Estado.
También cuestionó que el presidente de la República pueda nombrar y remover libremente a todos los integrantes del directorio de la Superintendencia. A su juicio, esta facultad compromete la independencia del organismo regulador.
El experto señaló además que, al finalizar una concesión, los activos pasarían a Corpoelec sin una compensación expresa y libres de gravámenes, incluso si el Estado rescinde unilateralmente el contrato. «Eso es una expropiación anunciada. Ningún banco va a financiar un proyecto cuyo colateral desaparece por ley», advirtió.
Otro punto cuestionado es la posibilidad de que el Estado reserve circuitos de distribución mediante una declaración de «interés estratégico», sin criterios claros para aplicar esa medida. Matta también alertó sobre la falta de garantías para acceder al arbitraje internacional.
Para corregir estas deficiencias, propuso cinco modificaciones: establecer períodos fijos para los directivos del ente regulador y limitar su remoción a causas previamente definidas; fijar plazos para pagar los subsidios y crear un fideicomiso que garantice su cumplimiento; reconocer compensaciones por inversiones no amortizadas al finalizar las concesiones; garantizar el acceso al arbitraje internacional; y establecer un mercado mayorista con un precio de referencia, además de derogar expresamente la ley de 2010.
«Lo que falta no contradice la reforma, la completa. Si la Asamblea corrige estas brechas, Venezuela tendrá un marco eléctrico competitivo en la región. Si no, tendremos una ley moderna en el papel y apagones en la realidad», concluyó.
Con información de El Impulso
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