El excandidato presidencial opositor Enrique Márquez envió una carta a la Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez, la Asamblea Nacional electa en 2015, presidida por Dinorah Figuera y el Departamento de Estado, en la que exige un presupuesto transparente y la defensa del Situado Constitucional para 2027.
Tras sostener una agenda de reuniones con alcaldes de todo el país, Márquez quien impulsa el Pacto por Venezuela, en el marco del debate sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2027; precisó una serie de consideraciones técnicas y constitucionales de vital importancia para el desarrollo socioeconómico para el país, en la nueva etapa de relaciones con la Administración estadounidense y los diversos acuerdos energéticos y petroleros que han derivado de ella.
En el contexto actual, el presupuesto nacional no puede concebirse como un mero trámite administrativo ni contable. Por el contrario, representa el pilar institucional indispensable para viabilizar una estrategia de tres fases: estabilización, recuperación económica y transición democrática e institucional.
Márquez señaló las tres funciones macroeconómicas clave que debe cumplir el presupuesto: actuar como eje de gobernabilidad y legalidad financiera; servir de ancla antiinflacionaria mediante la estricta coordinación fiscal y monetaria para erradicar el financiamiento monetario del déficit; y propiciar la reactivación productiva a través de la inversión en infraestructura crítica y servicios públicos bajo un marco de seguridad jurídica.
Por tanto, Pacto por Venezuela formalizó dos peticiones prioritarias ante el Poder Legislativo:
1. Transparencia radical y consulta pública abierta: se exige que la discusión del presupuesto 2027 se realice abiertamente al país, en estricto cumplimiento de los principios constitucionales de publicidad, derecho a la información (Artículos 141 y 143 de la CRBV), consulta pública e inclusiva con la sociedad civil, la academia y los sectores productivos (Artículo 211), y rendición de cuentas (Artículos 66 y 206). Se solicita la publicación íntegra y oportuna del proyecto y sus anexos con su respectivo estudio de impacto económico.
2. Garantía del situado constitucional: se exhorta preservar el cabal cumplimiento del Artículo 167 de la Constitución, asegurando que los ingresos petroleros y mineros mantengan su naturaleza de ingresos ordinarios dentro de la base de cálculo del Situado (máximo 20% de los ingresos ordinarios del Fisco Nacional). El documento advierte que la práctica administrativa de reclasificar estos recursos como extraordinarios ha mermado la descentralización y asfixiado las gestiones de gobernaciones y alcaldías en áreas esenciales como vialidad, servicios y seguridad ciudadana.
«Confiamos en que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus altas atribuciones constitucionales, sabrá acoger estas peticiones que buscan fortalecer el pacto social, el respeto al ordenamiento jurídico vigente y la gobernabilidad democrática de la nación de cara al año 2027», remarcó.
Nota de prensa
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