La organización Espacio Público solicitó a la Asamblea Nacional derogar la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, al considerar que la reforma parcial avalada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mantiene disposiciones que pueden utilizarse para sancionar expresiones políticas y restringir el trabajo de periodistas, activistas y ciudadanos.
En un comunicado, la organización señaló que la Sala Constitucional declaró la conformidad constitucional del proyecto el 15 de octubre, dos días después de recibirlo. Aunque la propuesta elimina las penas de prisión de entre 10 y 20 años y otras sanciones, Espacio Público advierte que conserva mecanismos administrativos, restricciones sobre contenidos y la posibilidad de recurrir a la vía penal.
La ONG respaldó la eliminación de las penas privativas de libertad, una demanda que —afirma— las víctimas y las organizaciones civiles sostienen desde hace años. Sin embargo, considera que los cambios no corrigen los problemas de fondo de la norma ni establecen medidas para reparar a quienes fueron procesados o sancionados bajo su aplicación.
Espacio Público indicó que registró 113 casos de criminalización directa de expresiones legítimas desde la promulgación de la ley hasta diciembre de 2025. También documentó 73 detenciones por ejercer la libertad de expresión e información entre el 28 de julio de 2024 y julio de 2025; en 33 de esos casos, señaló, se imputó el presunto delito de instigación al odio.
La organización cuestionó que el proyecto deje en manos del ministerio competente en materia de justicia la instrucción y resolución de los procedimientos administrativos. Según el comunicado, las sanciones contemplan multas de entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, además de jornadas de trabajo comunitario, lo que podría representar una carga desproporcionada para quienes perciben ingresos mínimos.
Entre las objeciones también figuran la permanencia de definiciones que considera imprecisas, la obligación de retirar contenidos de redes sociales sin orden judicial, la facultad estatal de exigir la difusión de mensajes y la falta de garantías para cerrar los procesos existentes. Espacio Público sostuvo que tampoco se establecen mecanismos para liberar a las personas procesadas, eliminar antecedentes, levantar bloqueos o restituir concesiones revocadas.
La ONG cuestionó, además, que la Sala Constitucional aprobara el proyecto sin una audiencia pública y sin examinar las definiciones incluidas en el texto. Recordó que la presidenta (e) Delcy Rodríguez reconoció el 29 de septiembre que «se hizo un uso abusivo de esa ley», pero señaló que la reforma no contempla medidas para revertir las consecuencias de esas actuaciones.
Las cuatro exigencias de Espacio Público
1. Derogar la ley y reparar a las víctimas. La organización pide que la Asamblea Nacional elimine la norma y establezca un régimen transitorio que permita cerrar las causas abiertas, liberar plenamente a las personas procesadas, extinguir penas y antecedentes, levantar bloqueos, revisar las concesiones revocadas y garantizar una reparación integral.
2. Modificar de fondo el proyecto si se mantiene la reforma. Espacio Público propone limitar las conductas sancionables a la incitación intencional a la violencia o a la discriminación, de acuerdo con el Plan de Acción de Rabat. También exige eliminar la obligación de retirar contenidos y difundir mensajes, dejar la determinación de responsabilidades en manos de jueces, establecer multas proporcionales a la capacidad económica y excluir expresamente la persecución penal por los mismos hechos.
3. Publicar el texto y abrir una consulta pública. La ONG reclama que se divulguen el proyecto y el cronograma de discusión, con participación de medios de comunicación, gremios periodísticos, plataformas digitales, universidades y organizaciones de derechos humanos, conforme al artículo 211 de la Constitución.
4. Respetar los compromisos internacionales en derechos humanos. La organización exige que el Estado cumpla las obligaciones asumidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Latimes / NotiPrimicia
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