La reciente difusión de informaciones sobre la obligación de declarar ingresos en criptoactivos en Venezuela no responde a la creación de un nuevo tributo o ley especial. Héctor Orochena, consultor en Ciencias Fiscales, y Aarón Olmos, economista y profesor del IESA, explicaron que se trata de la aplicación de la Ley de Impuesto sobre la Renta (ISLR) ya existente, la cual establece que cualquier aumento en el patrimonio de una persona o empresa debe ser reportado al fisco.
Los expertos señalan que, ante la falta de una normativa exclusiva dictada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) para el sector digital, los contribuyentes deben guiarse por las reglas generales de tributación y contabilidad.
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El mito del monto mínimo
Héctor Orochena precisa que existe una confusión común sobre quiénes deben declarar estos ingresos. La creencia de que se requiere ganar un promedio mensual de 40 USDT para estar obligado es un error de interpretación de la norma.
“La obligación para declarar y pagar en el caso de las personas naturales es cuando se tienen ingresos brutos superiores a 1.500 unidades tributarias. Al valor actual de 43 bolívares por unidad, eso da 64.500 bolívares anuales. Si usted superó ese monto por su trabajo o negocio, ya es un declarante”, detalló.
El consultor añadió que, una vez que una persona alcanza ese límite de ingresos anuales, cualquier ganancia obtenida por criptomonedas debe incluirse en el formulario, sin importar lo pequeña que sea. “Así se haya ganado un dólar por operaciones en criptomonedas, ese dólar tiene que incluirlo en la declaración porque es parte de su renta neta”, afirmó.
Registro por cuenta propia
Aarón Olmos indicó que el mercado venezolano se encuentra en una etapa de autorregulación. Esto significa que, como no hay una guía oficial del Seniat que explique el paso a paso para los activos digitales, las personas y empresas están usando las reglas de contabilidad vigentes desde hace cinco años para formalizar sus operaciones.
“Vemos que los contribuyentes están asumiendo que el haber generado ingresos en criptoactivos durante el año fiscal les permite dar evidencia de lo percibido por su actividad. Se van por la vía de la autorregulación para declarar estos ingresos basándose en las normas que ya existen para el dinero común”, explicó.
El economista resaltó que para las empresas es fundamental llevar este control mediante el boletín de aplicación BA VEN-NIF número 12. Este documento permite registrar la tenencia de criptoactivos propios y sirve como respaldo legal en caso de una revisión por parte de las autoridades.
Riesgos por falta de reglas
Ambos analistas advierten que trabajar bajo interpretaciones de la ley genera incertidumbre. Al no existir una instrucción clara del ente recaudador, el ciudadano corre el riesgo de cometer errores al llenar su declaración.
“El peligro es que alguien interprete algo que no es correcto y coloque datos en esa declaración que no debería. Por eso es importante que se trabaje en una norma específica que nazca del diálogo entre especialistas y autoridades para dar claridad al contribuyente”, señaló Olmos.
Orochena concluyó que el sistema tributario venezolano debe actualizarse para reconocer formalmente las operaciones del mundo virtual y el comercio electrónico, ya que actualmente la mayoría de estas actividades no están reguladas en detalle dentro de la estructura jurídica del país.
Bitácora Económica / NotiPrimicia
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