La «chispa» que encendió la mecha de la violencia en las calles de Venezuela, 37 años atrás, el 27 y 28 de febrero de 1989, lo originó el anuncio del gobierno de Carlos Andrés Pérez de comenzar la aplicación de «ajustes económicos», entre ellos, el aumento de la gasolina que provocó un levantamiento popular en Caracas y otras ciudades del país, que produjo, según estimaciones oficiales 350 víctimas, no obstante, versiones independientes aseguran en más de 5000 los fallecidos.
Esos días fueron terribles, violentos, nunca vistos en la Venezuela de entonces que precedieron a otros levantamientos, tipo militares de 1992, liderados por el teniente coronel (Ej.) Hugo Rafael Chávez Frías y oficiales de otras ramas de las FAN que inspiraron en buena medida su insurgencia en los episodios del cierre de la década de 1980.
«Paquete económico»
El «paquete económico» que Pérez transmitiría a los venezolanos, «comprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social. Las principales medidas anunciadas fueron: decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional y someterse a un programa bajo supervisión de ese organismo, con el fin de obtener aproximadamente US $ 4.500.000.000 en los 3 años siguientes».
Asimismo, «la liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero, hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30 por ciento. Unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial, determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante; liberación de los precios de todos los productos, a excepción de 18 renglones de la cesta básica; incremento gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua, electricidad y gas doméstico».
Además, preveía «la sinceración general de precios de las empresas públicas; aumento anual en el mercado nacional durante 3 años de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100 por ciento en el precio de la gasolina; aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30 por ciento. Aumento de sueldos en la administración pública central, entre el 5 y el 30 por ciento en el incremento del salario mínimo a Bs. 4.000 en el área urbana y a Bs. 2.500 en el área rural; racionalización y eliminación progresiva de los aranceles a la importación, reducción del déficit fiscal a no más del 4 por ciento del producto territorial bruto (PTB) y congelación de cargos en la administración pública».
La mecha que encendió al país
El alza en el precio de la gasolina debía hacerse efectiva a partir del 26 de febrero de ese año y el incremento de las tarifas del transporte público urbano en un 30 por ciento, a partir del 27 de febrero, válido para los tres meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100 por ciento.
El detonante del Bs. 0,25 céntimos
El detonante del aumento de 0, 25 céntimos en el costo del litro de la gasolina que decidió Carlos Andrés Pérez, cuando sólo habían transcurrido días de su segundo mandato, trajo las primeras noticias desde Guarenas en el estado Miranda, donde transportistas y usuarios de ese servicio rechazaron la medida gubernamental que terminaría, transcurridas las horas, en cruentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía.
Las medidas económicas que CAP pretendió aplicar «sin anestesia» a la población venezolana tratando de cumplir compromisos con organismos internacionales, Banco Mundial, FMI y otros para el refinanciamiento de la deuda del país, no midió en la calle los efectos de una receta que pretendía «corregir los errores» acumulados del modelo económico de la época.
En las calles, a medida que pasaban las horas, el rechazo crecía y el control del orden público comenzaba a desbordar la actuación policial y de la Guardia Nacional. Los desórdenes, saqueos y la violencia aumentaban y propagaba sus efectos en otras ciudades del país, donde los conatos de violencia, robos y desmanes habían sido estimulados por las imágenes que transmitían los canales privados RCTV, Venevisión y Televen.
Al gobierno de Pérez la violencia callejera lo tenía contra la pared, era incontenible, especialmente en el área metropolitana de Caracas. Eso obligó a tomar de emergencia una medida antidemocrática de «censurar» la libertad de expresión, ordenando a la televisoras abstenerse de subir imágenes de saqueos de comercios, empresas y sedes publicas. Ese tipo de material periodístico había alentado más, dentro y fuera de Caracas, la violencia callejera, dijeron.
Quien escribe, –también miles de venezolanos–, recuerdan haber visto a través del canal del Estado, VTV, al entonces ministro de Relaciones Interiores, Alejandro Izaguirre (+) tratando de pronunciar un mensaje a la nación, llamando a la calma ante aquellos acontecimientos que sacudían y ponían a prueba a la democracia.
«No, no puedo», fueron las únicas palabras de Izaguirre cuando apareció nervioso, inseguro y temeroso solo por segundos, ante las cámaras e inmediatamente la transmisión fue cortada.
En la calle el calor de la confrontación crecía y crecía. Llegó el momento en que policías y guardias nacionales fueron rebasados por los revoltosos, donde la protesta terminaría por desviar el origen de su accionar entre miles de personas, según la excusa de que «el pueblo tiene hambre», que pasó al saqueo y al desvalijamiento de tiendas, comercios y grandes cadenas de electrodomésticos, ropa, farmacias, entre otras.
En la televisión, antes de la medida de censura, los venezolanos veíamos a personas «carreteando» neveras, televisores y hasta piezas completas de reses montadas en motos o cualquier tipo de automotor. Esa y otras acciones determinó al gobierno de CAP sacar al Ejército a las calles a «poner orden».
Los choques de manifestantes y fuerzas de seguridad a partir de ese momento serían desiguales. Las tropas militares, sacadas a la calle, eran supervisadas por el Alto Mando militar y el ministro de la Defensa del momento, general de división (Ej.) Italo del Valle Alliegro.
¿Qué pasaba en el Zulia?
En el estadio Zulia la refriega callejera no fue de la magnitud que en otras ciudades. En esa época me correspondía cumplir mis servicios profesionales en calidad de director (e) de la Oficina Regional de Información (ORI), en sustitución del amigo y maestro, Oswaldo Sotillo, fallecido finalizando el año 1988 cuando en el país se celebraron elecciones que ganó aquel de quién la pieza publicitaria decía «¡ese hombre si camina, va de frente y da la cara!.
El gobierno del Zulia era dirigido por el gobernador Ismael Ordaz (+), viejo roble, honesto y probo, salido de las filas del sector sindical de AD, amigo de Rómulo Betancourt y expreso político de la dictadura de Pérez Jiménez.
Los actos de violencia y saqueos en el estado Zulia fueron mínimos, controlados por el gobierno. Sólo dos fallecidos se contaron en aquel momento, pero no por vandalismo, sino por no acatar la rígida medida del «toque de queda» de permanecer resguardados en sus hogares durante doce horas, a partir de las 6:p.m., medida que fue mantenida varios días hasta que el país volvió a la «normalidad».
No era «mamadera de gallo»
En mi mente surge el recuerdo de aquellas noches cuando salir de la Gobernación del Zulia significaba llevar el «salvoconducto oficial» a mano, encender los cocuyos de mi carro, la luz interna, bajar todos los vidrios y no exceder la velocidad. Eso no era garantía que en alguna de las tantas alcabalas militares, desde donde salía hasta llegar a mi casa, no me detuvieran para revisar los papeles y justificar mi presencia en la calle.
Esa suerte no la tuvieron muchos infractores del «toque de queda» que cada noche veía al salir de la Circunvalación Nro. 1 y tomar la avenida Sabaneta, detenidos en el amplio terreno del distribuidor a la derecha que sirvió de patio de talleres, cuando construían la primera linea del Metro de Maracaibo.
Filas largas de personas en posición de cuclillas, básicamente hombres, permanecían, unos de pie y otros haciendo el «salto de rana», como castigo a la infracción de andar en la calle en horas prohibidas de «toque de queda» sin documentación.
NotiPrimicia/DHV/José Aranguibel Carrasco/CNP-5003
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