Este jueves 22 de enero, está previsto que entre en primera discusión la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, solicitada ante el cuerpo legislativo por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante la presentación la semana pasada de la memoria y cuenta de 2025.
A continuación, presentamos los puntos más importantes de la exposición de motivos de la normativa:
-La industria petrolera mundial atraviesa un proceso de transformación profunda que exige de las naciones productoras marcos normativos ágiles, seguros y atractivos para la inversión. Venezuela, poseedora de las mayores reservas de hidrocarburos del planeta, no puede ser ajena a esta dinámica. El escenario energético internacional ha evolucionado hacia un entorno de alta competitividad, donde los capitales fluyen hacia jurisdicciones que ofrecen no solo recursos probados, sino marcos regulatorios predecibles y adaptables. Actualmente, la industria global de los hidrocarburos se enfrenta a una transición energética acelerada y a una volatilidad de precios que exige que países como Venezuela se inserten en un mercado global competitivo mediante la adopción de mejores prácticas internacionales.
-La Ley Orgánica de Hidrocarburos sancionada en el año 2006 marcó un avance fundamental en el marco de una Venezuela que se recuperaba de la paralización total de su industria, en un contexto geopolítico favorable. A 20 años de su vigencia, resulta necesario adaptar este instrumento conforme al estado de evolución del mercado de los hidrocarburos.
-El presente proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos surge como una necesidad imperativa para presentar una legislación adaptada a los nuevos tiempos y realidades de las industrias, permitiendo el desarrollo conjunto de operaciones económicas dirigidas a maximizar y diversificar la producción de los recursos del sector hidrocarburos, mediante la captación de inversión extranjera, haciendo posible el incremental volumétrico petrolero como parte del Motor Hidrocarburos, con un enfoque en el trilema energético y en la paz productiva.
-Esta propuesta legislativa tiene como eje central el dinamismo económico, manteniendo vigente el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual consagra la soberanía del Estado sobre los yacimientos, propiciando fórmulas asociativas que potencien la capacidad técnica y financiera necesarias para el aprovechamiento de los recursos. El objetivo fundamental es la implementación de medidas que incrementen la eficiencia y productividad, garantizando el derecho del pueblo venezolano a la paz, el desarrollo y el bienestar.
Asimismo, se optimizan las condiciones en perfecta armonía con las relaciones económicas, tecnológicas y comerciales con los países que participan activamente en la macro arquitectura energética mundial, mediante la ampliación del mecanismo de gestión de las empresas mixtas y la creación de nuevas modalidades de participación privada, asegurando la plena estabilidad, continuidad laboral y goce de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y las trabajadoras.
-En este año 2026, vence la duración de las primeras empresas mixtas conformadas en el marco de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, instrumento del irreductible legado del Presidente Hugo Chávez, que fungió como el primer paso para la participación del capital privado para la realización de las actividades primarias, industriales y comerciales en materia de hidrocarburos.
-Para el integral aprovechamiento de los recursos de hidrocarburos, se requiere la optimización de la industria petrolera, coadyuvando a fortalecer y a garantizar su seguridad, conforme esquemas de mayor autonomía operativa. La realidad del mercado energético exige que las empresas operadoras cuenten con herramientas que garanticen la eficiencia, la transparencia y la seguridad jurídica. Por ello, esta reforma busca favorecer los procesos financieros, técnicos, operacionales, ambientales y comerciales, transversales y potenciadores del crecimiento de la industria, permitiendo que el capital privado, tanto nacional como extranjero, juegue un papel decisivo bajo la supervisión del Estado.
-A tal razón, el presente proyecto de reforma se estructura sobre la base de modificaciones estratégicas a los artículos vigentes y la incorporación de nuevas figuras contractuales. Estas modificaciones estratégicas se enmarcan en tres (03) grandes áreas:
-En primer lugar, se incorporan los exitosos modelos de negocio de la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, incluyendo los Contratos de Participación Productiva-CPP, donde la empresa operadora asume la gestión integral a su propio costo y riesgo. En este modelo, el Estado no adquiere deudas y la retribución de la operadora consiste en una participación porcentual sobre los volúmenes fiscalizados.
-Es decir, se amplía el espectro de participación, permitiendo que las actividades primarias sean realizadas no solo por el Estado o empresas mixtas, sino también a través de empresas privadas debidamente adjudicadas. También, se faculta a las empresas mixtas para delegar la gestión técnica y operativa al socio minoritario, garantizando la aplicación de las mejores prácticas internacionales.
-Adicionalmente, se modifican las disposiciones relacionadas con la Autonomía Comercial y Financiera, reconociendo a las empresas mixtas el derecho a la comercialización directa de su cuota de producción y a la gestión de cuentas bancarias en diversas divisas y jurisdicciones, facilitando el flujo de caja y la operatividad financiera.
-En segundo lugar, se proponen mecanismos para garantizar la viabilidad de proyectos que por sus características técnicas o económicas requieren de consideraciones especiales, como ocurre en los campos no desarrollados (greenfields), mediante un Factor de Equilibrio construido a partir de la optimización del régimen fiscal, que permita la entrada de grandes flujos de inversiones para el desarrollo de nuevos campos. En este sentido, se propone mantener la figura de la regalía, pero se otorga flexibilidad al Ejecutivo Nacional para rebajarla en este tipo de proyectos que exigen grandes inversiones.
-En tercer lugar, se propone aumentar las garantías jurídicas para la inversión en el sector de los hidrocarburos, incorporandola posibilidad de acudir a mecanismos de mediación y arbitraje independientes para la resolución de controversias, siempre bajo el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
-Finalmente, se avanza en la Adecuación Institucional y Transitoria,actualizando la denominación del Ministerio rector y garantizando la validez de los contratos suscritos previamente bajo leyes especiales, asegurando una transición ordenada y respetuosa de los derechos adquiridos.
-Este proyecto de reforma representa un paso audaz hacia la modernización de nuestro sector energético, asegurando que el petróleo siga siendo el motor de desarrollo de la Nación, bajo un esquema de eficiencia, rentabilidad y respeto a la ley. No solo representa un cambio técnico, sino una estratégica para la defensa de nuestra soberanía económica y política. La verdadera soberanía no reside sólo en el control estático de los recursos bajo la tierra, sino en la capacidad efectiva de transformarlos en bienestar para el pueblo venezolano. Por ello, se propone una visión de soberanía productiva, donde el Estado mantiene el control estratégico y la propiedad de los yacimientos, actuando con el pragmatismo que exige los nuevos tiempos en defensa del bienestar, la paz y la seguridad de su pueblo.
Bitácora Económica / NotiPrimicia
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