El excongresista estadounidense David Rivera fue sentenciado este viernes a 10 años de prisión federal por su participación en una campaña secreta de lobby de 50 millones de dólares en favor del gobierno venezolano durante la primera administración de Donald Trump.
Rivera, exrepresentante republicano por Florida y antiguo aliado del secretario de Estado, Marco Rubio, fue declarado culpable en mayo de todos los cargos relacionados con el caso. Un jurado determinó que actuó como agente extranjero sin registrarse ante el Departamento de Justicia y que participó en una conspiración para lavar dinero.
Según las pruebas presentadas en el juicio, Rivera y la consultora política Esther Nuhfer obtuvieron un contrato de 50 millones de dólares con una filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) para promover los intereses del gobierno de Nicolás Maduro en EEUU. Ambos contactaron a funcionarios estadounidenses y organizaron reuniones entre autoridades de Washington y representantes venezolanos sin revelar el vínculo contractual.
Los fiscales sostuvieron que el objetivo era influir en la política de EEUU hacia Venezuela y reducir la presión sobre el gobierno de Maduro. Entre las figuras contactadas estuvieron Rubio y el entonces congresista republicano Pete Sessions.
Códigos y millones de dólares
Durante el juicio se presentaron mensajes de un grupo de chat cifrado en el que, según los fiscales, Rivera y sus asociados utilizaban códigos para referirse a sus actividades. También se determinó que Rivera utilizó aproximadamente 600.000 dólares provenientes del contrato para financiar su campaña política en Florida, entre otros gastos personales. Nuhfer destinó unos 455.000 dólares a la compra de una vivienda en Key Colony Beach.
Los fiscales también señalaron que parte del dinero fue utilizada en una transferencia de 3,75 millones de dólares relacionada con una empresa que mantenía el lujoso yate del empresario venezolano Raúl Gorrín.
La defensa de Rivera sostuvo que su cliente actuó de buena fe y que buscaba contribuir a sacar a Maduro del poder. Su abogado, Ed Shohat, afirmó durante los alegatos finales: «Estaba trabajando en todos los frentes posibles para sacar a Nicolás Maduro».
Rivera enfrentaba una pena máxima de 60 años de prisión por los cargos que le fueron imputados. Tras el veredicto de mayo, varias propiedades vinculadas al excongresista en Doral y los Cayos de Florida quedaron sujetas a decomiso.
Agencias
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