Telefónica confirmó su intención de abandonar Venezuela, un proceso que se perfila mucho más complicado que sus salidas de Chile y México. La compañía española, que opera en el país desde 2004 tras la compra de Telcel, enfrenta un mercado marcado por restricciones legales, incertidumbre económica y un entramado regulatorio que dificulta la venta de su filial Movistar.
El principal escollo para Telefónica será encontrar un comprador local y obtener la autorización de Conatel, indispensable para transferir licencias y frecuencias de telecomunicaciones. La legislación exige que cualquier adquisición garantice continuidad de servicio y cumpla planes de inversión y expansión, incluido el despliegue de la red 5G, comprometido por Telefónica este año con 500 millones de dólares.
Otro factor crítico es la ausencia de portabilidad numérica, que complica la transición de clientes y podría obligar a mantener la marca aunque cambie la propiedad. Además, la operación debe alinearse con intereses de seguridad nacional y la normativa de Conatel, que puede vetarla si lo considera necesario.
Históricamente, las multinacionales han optado por dos caminos: el cese abrupto de operaciones, arriesgando la pérdida de activos, o acuerdos con socios locales que tengan buenas relaciones con las autoridades, aunque generalmente a precios de liquidación. Ejemplos recientes incluyen la venta de activos de Bridgestone y Pirelli a consorcios venezolanos y la reentrada de Inditex mediante franquicia con el Grupo Futura.
En cuanto al mercado, Movistar lidera la telefonía móvil con 42,1% de cuota, mientras Movilnet/CANTV tiene 23,2%. Una fusión con la empresa estatal generaría un dominio superior al 65%, lo que podría ser evaluado por Conatel como riesgo de monopolio. Otra alternativa es un acuerdo con Digitel, propiedad del Grupo Cisneros, que controla el 35,6% del mercado móvil y ha mantenido independencia política y económica. La entrada de un inversor extranjero es casi imposible debido a las restricciones vigentes.
Analistas destacan que la salida de Telefónica es síntoma de la complejidad de invertir en Venezuela y de cómo la regulación, la economía y los actores locales configuran un panorama que exige cautela. La decisión final sobre Movistar dependerá de la combinación de comprador dispuesto, aval del regulador y condiciones para proteger los activos y la continuidad del servicio para casi 9 millones de usuarios.
El artículo completo en El País
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