El Gobierno de Donald Trump pidió este martes a una corte de apelaciones de EEUU cerrar la investigación por el presunto desacato cometido por funcionarios al expulsar a venezolanos hacia El Salvador en marzo de 2025.
La Administración sostiene que el juez federal James Boasberg se extralimitó al ordenar investigar si funcionarios incumplieron deliberadamente su decisión de suspender las deportaciones. El Departamento de Justicia argumenta que correspondía a los fiscales determinar si había responsables y si debían presentarse cargos.
El caso se relaciona con la expulsión de ciudadanos venezolanos enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), pese a la orden judicial de detener el operativo.
La ACLU, que representa a venezolanos deportados, pidió mantener la investigación para determinar qué funcionarios decidieron continuar con las expulsiones y si actuaron de manera deliberada.
La corte de apelaciones escuchó este martes los argumentos de ambas partes y deberá decidir si permite que continúe la pesquisa.
Con información de SWI
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