Juez español investigará a las hijas de Rodríguez Zapatero por caso de presunto tráfico de influencias

El magistrado José Luis Calama ordenó revisar los movimientos de la empresa Whathefav, administrada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa, dentro de la investigación por el caso Plus Ultra.

por Dennys Bracho

El juez de la Audiencia Nacional de España, José Luis Calama, abrirá una investigación exhaustiva sobre los movimientos de la sociedad Whathefav, propiedad de las hijas del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de la causa que investiga presunto tráfico de influencias relacionado con el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

La decisión surgió tras la declaración de Julio Martínez Martínez, señalado como presunto testaferro de Zapatero, quien fue interrogado por el magistrado sobre las operaciones de la empresa Análisis Relevante, vinculada al empresario.

Según informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Whathefav habría funcionado como un mecanismo para canalizar pagos relacionados con supuestas gestiones de influencia. La empresa Análisis Relevante abonaba a Whathefav una cuota mensual de 5.000 euros por supuestos trabajos de maquetación de informes de asesoría.

Durante el interrogatorio, Martínez aseguró que, aunque desde 2022 la empresa dejó de realizar esos trabajos, continuó pagando la cantidad acordada debido a que las beneficiarias eran las hijas de Zapatero.

Hijas de Zapatero fueron citadas como investigadas

Tras esta declaración, el juez acordó imputar a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, quienes deberán comparecer como investigadas, aunque la fecha de la declaración aún no ha sido fijada. La diligencia no se prevé antes de septiembre.

El magistrado señaló que ambas son administradoras formales de Whathefav y consideró que existen elementos para revisar el papel de la sociedad dentro de la investigación.

De acuerdo con el auto judicial, los investigadores atribuyen a la compañía un posible carácter «instrumental» para la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relacionadas con los hechos investigados.

La causa analiza, entre otros aspectos, el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra y las supuestas gestiones realizadas para favorecer dicha operación.

El articulo completo en El Mundo de España

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