La CPI lamenta la salida de Venezuela y advierte que deberá cooperar durante un año más

La Corte Penal Internacional recordó que la retirada del Estatuto de Roma no tendrá efecto inmediato y que las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad seguirán su curso.

por Dennys Bracho

La Corte Penal Internacional (CPI) lamentó este viernes la decisión de Venezuela de retirarse del Estatuto de Roma y advirtió que el país continuará siendo parte del tribunal durante un año más, por lo que deberá mantener sus obligaciones de cooperación con las investigaciones y procedimientos ya iniciados.

En un comunicado difundido desde La Haya, la Corte señaló que aún no ha recibido la notificación formal de la retirada a través de la Oficina de Tratados de las Naciones Unidas, aunque reconoció que adherirse o abandonar un tratado internacional es un derecho soberano de los Estados.

La salida no será inmediata

La CPI recordó que el artículo 127 del Estatuto de Roma establece que la retirada solo entra en vigor un año después de que la notificación sea depositada ante Naciones Unidas.

Además, subrayó que esa decisión no afecta las obligaciones de cooperación relacionadas con investigaciones o procesos penales iniciados antes de que la salida se haga efectiva.

«La retirada no afecta a las obligaciones de cooperación ya existentes por investigaciones o procedimientos penales iniciados antes de que la retirada entre en vigor», señaló la Corte.

Investigación sobre Venezuela continúa

La reacción del tribunal se produjo después de que el Gobierno venezolano anunciara su decisión «firme e irrevocable» de abandonar el Estatuto de Roma, al considerar que la CPI actúa con un supuesto sesgo contra países de África y América Latina.

Según Caracas, la decisión fue comunicada al secretario general de la ONU, António Guterres, por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

La investigación de la CPI sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, abierta en 2018, permanece activa.

En 2023, la Corte rechazó la solicitud del Gobierno venezolano de suspender las pesquisas al considerar insuficientes las actuaciones de la justicia nacional y autorizó a la Fiscalía a continuar plenamente con la investigación sobre los hechos ocurridos desde 2017.

Aunque la Fiscalía cerró en diciembre pasado su oficina técnica en Caracas por la falta de avances en materia de complementariedad, reiteró que las investigaciones continúan desde su sede en La Haya.

La semana pasada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una campaña diplomática para promover que varios países abandonen la Corte Penal Internacional, al considerar que el tribunal excede sus competencias e interfiere en asuntos estadounidenses.

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