Las masivas protestas que sacuden Irán desde finales de diciembre se han convertido en una tragedia humanitaria, con un saldo de al menos 2.000 muertos confirmados por funcionarios y organizaciones de derechos humanos. Fuentes sanitarias consultadas por medios internacionales elevan la cifra real a 3.000 fallecidos, en lo que constituye uno de los episodios represivos más sangrientos de la historia moderna del país persa.
El gobierno iraní justifica la violencia alegando la presencia de «agentes terroristas» infiltrados y acusa directamente a Estados Unidos e Israel de orquestar el caos para forzar una intervención militar. Mientras el presidente Donald Trump alienta a los manifestantes a tomar las instituciones prometiendo ayuda inminente, Teherán asegura haber incautado armas estadounidenses y audios extranjeros que ordenan disparar contra la población para culpar a las autoridades.
La brutal respuesta estatal incluye bloqueos totales de internet y el uso indiscriminado de munición real disparada desde azoteas y comisarías contra la multitud. Lo que inició como una protesta económica en el bazar de Teherán por la devaluación de la moneda, ha evolucionado rápidamente hacia un levantamiento nacional en las 31 provincias que exige abiertamente el fin de la República Islámica.
La comunidad internacional ha reaccionado con horror ante la escalada de violencia y las ejecuciones sumarias. Tanto la ONU como la Unión Europea han condenado el uso excesivo de la fuerza y preparan nuevas sanciones contra los responsables de la represión, advirtiendo que el sistema judicial iraní está procesando a manifestantes bajo acusaciones de terrorismo y espionaje en juicios carentes de garantías legales.
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El País / NotiPrimicia
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