Los países de la Unión Europea (UE) aprobaron este lunes un endurecimiento de sus normas migratorias. En una reunión celebrada en Bruselas, los ministros del Interior de los 27 Estados miembros dieron luz verde a la creación de «centros de retorno» fuera del bloque comunitario.
Las medidas, presentadas inicialmente por la Comisión Europea, buscan fortalecer el control de las llegadas y agilizar las expulsiones, en un contexto político marcado por el ascenso de la derecha y la extrema derecha en el continente.
Aunque las normas deben ser ratificadas por el Parlamento Europeo antes de entrar en vigor, el consenso marca un cambio de paradigma: la UE podrá enviar a los migrantes no solo a sus naciones de origen, sino a países que Europa considere «seguros».
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El paquete legislativo contempla la apertura de instalaciones fuera de las fronteras de la UE para enviar allí a los migrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas. Además, se establecen sanciones mucho más severas para quienes se nieguen a abandonar el territorio europeo.
«Es realmente importante que transmitamos a los ciudadanos la sensación de que controlamos lo que está ocurriendo», subrayó el comisario europeo Magnus Brunner, artífice de este giro restrictivo.
A pesar de que las entradas irregulares han caído un 20% respecto al año anterior, la presión política sobre los gobiernos para actuar con firmeza no ha disminuido.
20.000 euros por migrante
Uno de los puntos más polémicos del acuerdo es el nuevo sistema de reparto de solicitantes de asilo, diseñado para aliviar la carga de países fronterizos como Grecia e Italia.
El mecanismo funcionará de la siguiente manera:
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Los Estados miembros estarán obligados a acoger una cuota de solicitantes de asilo.
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En caso de negarse a recibirlos, deberán pagar una contribución financiera de 20.000 euros (aprox. 23.000 dólares) por cada solicitante rechazado.
Este sistema, que entrará en vigor el próximo junio, ha sido objeto de intensas negociaciones. «Son pocos los ministros del Interior que estarán dispuestos a decir ante la prensa: ‘De acuerdo, acogeremos a 30.000′», admitió un funcionario europeo bajo condición de anonimato.
España y Francia, escépticos ante la «eficacia»
Aunque existe una «voluntad política ampliamente compartida» impulsada por la presidencia rotatoria de Dinamarca, no todos los socios están convencidos.
España ha expresado su escepticismo sobre la utilidad de los «centros de retorno», citando ensayos fallidos en otros países. El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció que mantener esta posición es cada vez más «difícil» ante la presión del bloque. Por su parte, Francia ha cuestionado la legalidad de ciertas propuestas.
Las organizaciones de Derechos Humanos también han alzado la voz. Silvia Carta, de la ONG PICUM, advirtió: «En lugar de invertir en seguridad, protección e inclusión, la UE opta por políticas que expondrán a más personas al peligro y a la inseguridad jurídica».
Curadas / NotiPrimicia
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