El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó este jueves 8 de enero de 2026 de manera integral el proyecto de ley aprobado por el Congreso que pretendía reducir las penas del expresidente Jair Bolsonaro y otros participantes en la conspiración golpista posterior a las elecciones de 2022. Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión.
Veto durante acto conmemorativo
La decisión de Lula se anunció en un acto en Brasilia, conmemorando el tercer aniversario del asalto a las sedes de los tres poderes ocurrido el 8 de enero de 2023 por simpatizantes de Bolsonaro.
Durante su discurso, Lula resaltó la firmeza de las instituciones democráticas brasileñas, recordando que los acusados recibieron “un juicio justo, con todos sus derechos preservados”.
“Tal vez la prueba más contundente del vigor de la democracia brasileña sea el juicio de los golpistas por parte del STF (Supremo Tribunal Federal)”, afirmó el mandatario.
“Todos ellos tuvieron amplio derecho a la defensa. Fueron juzgados con transparencia e imparcialidad”, agregó, felicitando a los jueces encargados del proceso.
Ausencias en la ceremonia
El acto, que inicialmente simbolizaba el consenso entre los tres poderes, no contó con la presencia de los presidentes del Senado, Davi Alcolumbre, ni de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, quienes justificaron su ausencia por motivos personales.
Miembros de la Corte Suprema tampoco asistieron, optando por organizar sus propios actos institucionales.
Detalles del proyecto vetado
El proyecto de ley buscaba beneficiar a la cúpula golpista, incluyendo:
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Impedir la acumulación de penas por delitos como intento de abolición violenta del Estado democrático y golpe de Estado, aplicando únicamente la pena más grave.
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Reducir las penas hasta en dos tercios si los crímenes fueron cometidos en grupo, como ocurrió el 8 de enero de 2023.
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Permitir una progresión más rápida al régimen semiabierto tras cumplir solo una sexta parte de la condena.
De aprobarse bajo estos criterios, Bolsonaro, altos cargos militares y antiguos ministros podrían acceder al régimen semiabierto en poco más de dos años, aunque seguirían cumpliendo medidas restrictivas como dormir en prisión y pasar fines de semana recluidos.
Agencias/NotiPrimicia
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