Las delegaciones de la oposición y del gobierno encargado volverán a reunirse este viernes 13 de noviembre para iniciar el cuarto ciclo de conversaciones de la mesa de diálogo. La agenda incluye cambios en el ordenamiento jurídico relacionados con las inhabilitaciones políticas y la posible reforma del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El proceso busca avanzar en las garantías políticas y civiles discutidas en el encuentro anterior, en el que se planteó revisar leyes cuestionadas por la oposición por considerar que han servido para limitar la participación política.
Entre los puntos previstos figura la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, específicamente las disposiciones que permiten imponer inhabilitaciones. Estas sanciones impidieron a Machado competir en las elecciones presidenciales de 2024.
La diputada de la Asamblea Nacional de 2015 y delegada opositora, Desiree Barboza, explicó a EFE que la representación no llevará una lista de dirigentes inhabilitados. En cambio, buscará modificar la base legal que permite aplicar estas medidas para evitar que se repitan.
«Nosotros más que trabajar con nombres directamente o empezar a manejar listas, estamos trabajando con la raíz, que en este caso es el ordenamiento jurídico, que es la ley», afirmó.
Barboza sostuvo que las decisiones adoptadas de manera indebida o contrarias a la Constitución deberían quedar anuladas. También se espera discutir cambios en la Ley de partidos políticos, con el propósito de atender la situación de las organizaciones intervenidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La reforma del CNE, otro punto de la negociación
La posible reestructuración del Consejo Nacional Electoral también concentra expectativas de cara a este cuarto ciclo. Un alto funcionario del Departamento de Estado de EEUU adelantó el 26 de octubre que el tema estaría incluido en las conversaciones.
El funcionario planteó que primero debe reformarse el organismo y luego sustituir a sus integrantes. Según explicó, el objetivo es convertirlo en una instancia de carácter técnico, encargada de organizar los comicios, instalar las máquinas, habilitar los centros de votación, contar los sufragios y divulgar los resultados, sin intervenir en la habilitación de candidaturas.
La propuesta contempla que los nuevos rectores sean seleccionados por un comité de expertos y designados mediante un acuerdo entre las partes, sin ratificación de la Asamblea Nacional.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el 9 de noviembre que el plan para Venezuela «avanza según lo previsto». También destacó la necesidad de transformar el TSJ y el CNE, y sostuvo que el nuevo organismo electoral debe tener un carácter «administrativo, no político».
Con información de Monitoreamos
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