La Alianza Agrominera Mama Pancha, representada por su presidenta Yunices Barreto, solicitó la intervención urgente del Ejecutivo nacional ante las presuntas irregularidades administrativas y situaciones de hostigamiento que afectan a los trabajadores del corredor Nacupay, en El Callao.
Barreto denunció la supuesta existencia de una red de cobros ilícitos enquistada en despachos vinculados con el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico y la Corporación Venezolana de Minería (CVM). De acuerdo con su testimonio, la tramitación de documentos indispensables para la actividad minera habría sido convertida en un mecanismo de extorsión económica.
La dirigente gremial aseveró que para otorgar el Registro Único Minero (RUM) se exigirían pagos irregulares que oscilan entre 10.000 y 25.000 dólares. En sus declaraciones señaló de forma expresa a Desire Hidalgo, asistente ministerial, y a otros funcionarios que estarían vinculados con estas exigencias extralegales.
Trabas burocráticas e indefensión jurídica
A los supuestos cobros ilegales se añade un prolongado retraso administrativo que dificulta las faenas de la pequeña y mediana minería al sur de Bolívar. Barreto sostuvo que las autoridades mantienen un silencio que obstaculiza la regularización formal del gremio.
Según la representante, numerosos trabajadores acumulan hasta tres años a la espera de cartas de inicio de operaciones, actas de arrime, adendas contractuales y la inscripción definitiva en el RUM. Esta situación mantiene en la indefensión a cientos de productores que buscan operar dentro del marco legal vigente.
Denuncian hostigamiento armado y despojo de arenas
La afectación sobre las comunidades rebasó el ámbito de los despachos oficiales. Barreto denunció la presunta ejecución de incursiones intimidatorias a cargo de comisiones de la Guardia Nacional Bolivariana, la Dgcim y la Unidad Especial JEPAMO, cuyos funcionarios portarían armas largas e indumentaria con rostros cubiertos.
Asimismo, alertó sobre supuestas maniobras amparadas en la estructura de la disuelta Minervén para desalojar a mineros de áreas donde ya ejecutaron inversiones. Añadió que estas acciones han derivado en la sustracción indebida de arenas y material aurífero acopiado en los patios de trabajo.
La vocera relató que el amedrentamiento alcanzó al liderazgo de su organización, indicando que permaneció detenida durante siete meses junto con dos de sus hijos tras imputaciones por supuestos delitos ambientales. Según explicó, la causa fue posteriormente desestimada tras aclaratorias emanadas del propio despacho ambiental, lo que calificó como una instrumentalización del sistema penal para criminalizar a los mineros artesanales.
Barreto advirtió que la difusión de mensajes institucionales que muestran normalidad en redes sociales busca encubrir los atropellos que padece el sector en el estado Bolívar, e insistió en que el gobierno central debe investigar de manera exhaustiva el manejo interno de la actividad aurífera.
El Nacional / NotiPrimicia
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