Las negociaciones entre el sector público y el Ejecutivo nacional no han logrado acuerdos definitivos, a pesar de los llamados al diálogo del gobierno encargado encabezado por Delcy Rodríguez. Los sindicatos afirman que cualquier avance depende de la derogación del llamado “instructivo Onapre”, emitido por la Oficina Nacional de Presupuesto y considerado por los gremios como un factor clave de la crisis salarial.
Lo que el Gobierno presentó como una unificación de escalas en marzo de 2022, los representantes sindicales lo señalan como el motivo que frenó la progresión de beneficios y desencadenó movilizaciones laborales en todo el país.
El instructivo, una norma técnica para fijar techos salariales y primas en la administración pública, ha sido criticado por sindicatos porque reduce beneficios y aplanó las escalas salariales, afectando a empleados públicos, docentes y personal de salud.
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Para José Marcano, presidente del Sindicato Nacional del Ministerio de Agricultura y Tierras, la norma «viola la Ley Orgánica del Trabajo y el artículo 89 de la Constitución» y atenta contra la progresividad de los beneficios laborales.
Los sindicatos destacan que los recortes no solo han afectado porcentajes salariales, sino también beneficios tangibles como dotación de ropa, zapatos y útiles, que han sido eliminados en muchos ministerios.
A pesar de la disposición anunciada por el gobierno interino hacia la “reconciliación” y la mejora del ingreso, los líderes sindicales mantienen reservas: no hay disposición al diálogo real sin primero eliminar el instructivo Onapre, coincidieron los dirigentes consultados.
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