La administración de Donald Trump negocia con Venezuela un acuerdo que permitiría establecer las bases legales para una posible presencia militar estadounidense a largo plazo en el país, según funcionarios de EEUU citados por The New York Times.
Las conversaciones representan un giro en las relaciones entre ambos países, antiguos adversarios que ahora exploran mecanismos de cooperación militar tras la operación estadounidense de enero en la que Nicolás Maduro fue capturado y trasladado a una prisión en Nueva York.
Durante un discurso pronunciado el lunes en Washington, Trump se refirió a «nuestra conquista de Venezuela», una declaración que se produce en medio de un creciente despliegue militar de EEUU en América Latina.
Un acuerdo para definir el marco legal
El pacto en negociación es un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), que establecería las condiciones jurídicas para la presencia y las actividades de militares estadounidenses en Venezuela.
El Departamento de Estado, dirigido por Marco Rubio, encabeza las conversaciones, de acuerdo con funcionarios estadounidenses que hablaron bajo anonimato por tratarse de asuntos diplomáticos.
Los detalles sobre una eventual presencia prolongada —incluidos el número de efectivos y sus ubicaciones— quedarían sujetos a acuerdos posteriores, informó el diario.
Washington sostiene que este tipo de pactos facilita la cooperación en defensa al establecer reglas para actividades acordadas, como visitas de buques, entrenamientos, ejercicios militares y asistencia humanitaria. El Departamento de Estado indicó que EEUU ha negociado acuerdos similares con más de 100 países.
La negociación se desarrolla en un contexto de mayor actividad militar estadounidense en la región. El Gobierno de Trump ha ordenado operaciones en distintos países y mantiene tropas y recursos en bases de América Central y del Sur.
El medio también reportó ataques letales de fuerzas estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, acciones que expertos jurídicos han cuestionado por considerar que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
Agencias
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