En el sur del estado Bolívar se reportó el martes 9 de junio un despliegue de un operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en zonas estratégicas de actividad minera de oro, una situación que, hasta este miércoles 10, no ha sido confirmada en detalle por las autoridades.
De acuerdo con reportes verificados por la ONG SOS Orinoco, las acciones se concentran principalmente en los sectores del Kilómetro 88 y Las Claritas, en el municipio Sifontes, una zona vinculada al complejo aurífero Las Brisas–Las Cristinas. En el área se habría observado la presencia de helicópteros artillados, en el marco de un operativo orientado a desalojar a grupos armados organizados que tendrían presencia en el territorio.
La organización indicó que estos grupos estarían asociados al control irregular de zonas mineras, presuntamente bajo la influencia de actores conocidos en la región por sus actividades delictivas.
En paralelo, se reportaron inspecciones militares y civiles en El Callao, particularmente en instalaciones de procesamiento vinculadas a la Corporación Venezolana de Minería (CVM). En El Dorado, según la misma fuente, estructuras conocidas como “pranes” habrían activado movimientos de resguardo ante la posibilidad de que las operaciones se extiendan a sus zonas de influencia.
Ante la falta de información oficial, organizaciones y usuarios en redes sociales han difundido versiones encontradas sobre el alcance del operativo. SOS Orinoco aclaró que no existe evidencia de un despliegue masivo en todo el municipio Sifontes, sino acciones focalizadas en puntos específicos. También desmintió la supuesta presencia de tropas extranjeras o incursiones militares de gran escala.
“Desde SOS Orinoco insistimos en que el fondo del problema sigue siendo el mismo: un modelo de gobernanza criminal (Arco Minero) cuyo control territorial hoy se está reconfigurando por la fuerza”, señaló la ONG en su cuenta en X.
Por su parte, la organización Provea advirtió sobre posibles riesgos para la población civil, incluyendo detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos durante el desarrollo de las operaciones. En ese sentido, pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo para supervisar la situación y solicitó a las autoridades informar con transparencia sobre el alcance del operativo, así como el número de detenidos y la condición de las comunidades en la zona.
Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial detallado sobre la operación ni sobre su extensión en el territorio minero del estado Bolívar.
NotiPrimicia/ RunRunes
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