El Instituto Autónomo Policía Municipal de Sucre, en el estado Miranda, aclaró que una circular que está publicada en redes sociales y que ordena a los funcionarios no solicitar, retener ni revisar los celulares de los ciudadanos durante patrullajes es falsa.
Aseguró que el documento, que utiliza logos y sellos oficiales para aparentar legitimidad, no lo emitió ni la policía municipal ni el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
La institución advirtió que “personas inescrupulosas” han falsificado el comunicado, que además de indicar la prohibición de revisar celulares, establece supuestas sanciones en caso de incumplimiento.
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“Tanto su contenido, como su carácter oficial, no están suscritos por nuestra institución y mucho menos por nuestro órgano superior”, indicó la Policía de Sucre.
El desmentido ocurre tras la publicación del decreto de Estado de Conmoción Exterior, que entró en vigencia luego de la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero. En ese marco, el artículo 5 del decreto autoriza a los órganos policiales a emprender la búsqueda y captura de quienes hayan promovido o apoyado la acción estadounidense.
El artículo 5
Acceso a la Justicia señaló que este artículo no autoriza la realización de revisiones arbitrarias de dispositivos móviles, detenciones masivas ni limitaciones generales a los derechos de los ciudadanos.
“El artículo 5 del decreto dispone que los órganos policiales pueden emprender la búsqueda y captura de quienes hayan promovido o apoyado el ataque armado, lo que en la práctica ha dado lugar a limitaciones a la libertad de circulación, como la detención de vehículos en puntos de control, revisiones de teléfonos celulares por parte de funcionarios policiales y eventuales requisiciones de estos dispositivos, situaciones que han sido denunciadas en redes sociales”, explicó la ONG.
Señaló que esas situaciones no están justificadas de ninguna manera porque no existe una restricción de derechos en estos momentos.
Carlos Lusverti, abogado e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, explicó en una entrevista reciente a El Nacional que, si bien las autoridades pueden revisar o investigar ese tipo de manifestación, eso no implica que tengan autorización para cometer actos arbitrarios.
“Tenemos denuncias de personas detenidas por lo que hay en sus teléfonos celulares desde hace más de dos años. Eso es claramente ilegal no solo porque no está permitido, sino porque cuando ocurre no se hace con las garantías que establece la legislación procesal penal”, dijo.
“Los funcionarios no pueden actuar libremente, tienen que cumplir con un protocolo que está establecido en la legislación. De alguna forma, aquí lo que tenemos es una vuelta de tuerca más de estas actuaciones arbitrarias que han venido ocurriendo”, añadió.
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El Nacional / NotiPrimicia
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