El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, reconoció ante la Audiencia Nacional de España que la aerolínea aceptó realizar pagos relacionados con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como una «medida desesperada» para intentar garantizar la supervivencia de la empresa durante la crisis financiera provocada por la pandemia.
Según un escrito presentado ante el juez José Luis Calama, el directivo explicó que la compañía contrató los servicios de Julio Martínez Martínez, considerado un hombre de confianza de Zapatero, con la expectativa de facilitar las gestiones para acceder al rescate estatal.
Martínez Sola aseguró que la decisión se tomó en un contexto de extrema dificultad económica y que los directivos asumieron el pago de una comisión equivalente al 1 %, descrita internamente como labores de «acompañamiento».
En el documento también se hace referencia a conversaciones con el entonces accionista Rodolfo Reyes, en las que se mencionaba una supuesta «finance boutique» integrada por Zapatero y Julio Martínez Martínez.
Contradice la versión de Zapatero
La declaración del presidente de Plus Ultra contradice la versión ofrecida previamente por José Luis Rodríguez Zapatero, quien había asegurado ante el juez que nunca realizó gestiones para la aerolínea ni conocía a sus directivos.
Martínez Sola afirmó que el 30 de abril de 2020 recibió una llamada telefónica del exmandatario, quien, tras escuchar la situación financiera de la empresa, le manifestó que podía colaborar y le indicó que las comunicaciones posteriores se canalizarían a través de Julio Martínez Martínez.
No obstante, el directivo sostuvo que durante esa conversación no se habló de honorarios ni de compensaciones económicas.
Investigación por presunto tráfico de influencias
En su escrito, Martínez Sola reconoció que Plus Ultra terminó involucrada en una presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, aunque sostuvo que la empresa actuó impulsada por la necesidad urgente de obtener liquidez para evitar su desaparición.
La investigación judicial continúa para determinar si existieron actuaciones irregulares durante el proceso mediante el cual la aerolínea obtuvo el rescate financiero otorgado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
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