La Asamblea Nacional aprobó el pasado 26 de marzo la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, un instrumento que busca reducir la burocracia y acelerar los procesos dentro de la administración pública mediante la digitalización.
La normativa establece como objetivo principal disminuir los tiempos de respuesta del Estado y simplificar los procedimientos que actualmente son considerados innecesarios o repetitivos.
Uno de los puntos clave es la prohibición de exigir documentos que ya posee el propio Estado, lo que obliga a las instituciones a intercambiar información entre sí.
La diputada María Gabriela Vega explicó que este principio responde al concepto de interoperabilidad: las instituciones deberán coordinarse para evitar que el ciudadano entregue los mismos recaudos en múltiples organismos.
Presunción de buena fe y menos controles
La ley también introduce la presunción de buena fe, lo que implica que los trámites se basarán en la confianza hacia el ciudadano, reduciendo verificaciones excesivas.
En ese sentido, el diputado Carlos Sierra señaló que el objetivo es eliminar cargas innecesarias y facilitar los procesos tanto para ciudadanos como para empresas.
Digitalización obligatoria
El instrumento legal impulsa el uso de herramientas tecnológicas, estableciendo la incorporación obligatoria de medios electrónicos y la validez de la firma digital en los trámites públicos.
Además, cada organismo deberá designar a un funcionario responsable de agilizar procesos y coordinar con otras instituciones.
Plazo de 180 días
La ley fija un plazo de 180 días para que los entes públicos adapten sus plataformas y procedimientos a esta nueva realidad digital.
Impacto en el sector productivo
Desde el sector industrial, el vicepresidente territorial de Fedeindustria, Jorge Hernández, calificó la normativa como positiva, al considerar que permitirá reducir costos operativos y agilizar procesos clave como registros y licencias.
A su juicio, la simplificación de trámites favorecerá la llegada de inversiones y mejorará la competitividad del país, siempre que se ejecute con coordinación entre instituciones.
Nueva comisión nacional
El texto legal también contempla la creación de la Comisión Nacional para la Celeridad y Optimización de Trámites, instancia que estará encargada de evaluar y proponer medidas para mejorar la eficiencia administrativa.
Este organismo tendrá participación de representantes del Ejecutivo, la Asamblea Nacional, gobernaciones, alcaldías y la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de garantizar la aplicación de estas políticas en todo el país.
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