La organización no gubernamental Provea rechazó este sábado la salida de Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI) y recordó que el retiro del país del Estatuto de Roma no tendrá efectos inmediatos sobre las investigaciones que actualmente desarrolla el tribunal.
A través de un mensaje publicado en la red social X, la ONG explicó que la salida solo entrará en vigor un año después de la notificación formal, por lo que los presuntos crímenes cometidos hasta ese momento podrán seguir siendo investigados.
La organización recordó que el Estatuto de Roma establece que la retirada de un Estado no afecta las investigaciones ni los procedimientos iniciados antes de que la salida entre en vigencia.
Asimismo, señaló que Venezuela mantiene la obligación de cooperar con la CPI, incluido el cumplimiento de eventuales órdenes de captura que puedan emitirse en el futuro.
Gobierno ratificó su salida de la Corte
El viernes, el canciller Félix Plasencia anunció la decisión del Gobierno venezolano de retirarse del Estatuto de Roma, al considerar que la Corte actúa con un supuesto sesgo contra países de África y América Latina.
Horas después, la presidenta encargada Delcy Rodríguez reiteró la decisión y acusó a la CPI de utilizar sus investigaciones para actuar contra los países del llamado «sur global», entre ellos Venezuela.
La Corte Penal Internacional respondió que lamenta la decisión del Gobierno venezolano y recordó que el retiro no tendrá efecto inmediato.
Además, indicó que, hasta el momento, no había recibido la notificación formal de la retirada a través de la Oficina de Tratados de las Naciones Unidas, aunque reconoció que adherirse o abandonar un tratado internacional es un derecho soberano de los Estados.
Investigación sigue abierta
La Fiscalía de la CPI abrió en 2018 un examen preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela y, en 2021, inició una investigación formal que continúa vigente.
En 2023, la Corte autorizó reanudar plenamente las pesquisas al considerar que las investigaciones internas no reflejaban adecuadamente el alcance de los hechos denunciados.
Aunque en diciembre pasado la Fiscalía cerró su oficina técnica en Caracas por falta de avances en materia de complementariedad, reiteró que las investigaciones continúan desde su sede en La Haya.
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