Tras casi un mes desde que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó ante la Asamblea Nacional (AN) tres proyectos de ley que pidió fueran trabajados con urgencia, solo uno fue sancionado y los otros dos siguen esperando por una segunda discusión.
El proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos y de la Ley Orgánica para la Aceleración y Optimización de los Trámites y Procedimientos Administrativos de la Administración Pública fueron aprobados en primera discusión y bajo la condición de “urgencia parlamentaria”, pero no fue sino hasta este fin de semana cuando el último empezó su consulta pública.
La promesa de que el debate sobre ambas normas sería afrontado “con prontitud”, hecha por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ha quedado un poco relegada en el devenir de los acontecimientos tras la acción militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Proyectos
Poco se sabe sobre el avance de ambos proyectos de ley, cuya exposición de motivos fue debatida y aprobada por la mayoría de los parlamentarios el pasado 22 de enero.
Apenas la semana pasada el diputado Nicolás Maduro Guerra informó que este fin de semana iniciaría la consulta pública de la Ley Orgánica para la Aceleración y Optimización de Trámites y Procedimientos Administrativos de la Administración Pública.
El diputado explicó que esta consulta sería ejecutada en «alcaldías, instituciones del Estado, gobernaciones, consejos legislativos, Poder Judicial y Poder Ciudadano», en aras de buscar que el texto normativo impacte de forma positiva en “la eficacia del Estado y la administración pública».
El proyecto de ley indica que son atribuciones de la Presidencia de Venezuela, en materia de aceleración y optimización de los trámites y procedimientos administrativos del Estado:
1. Suspender, reducir, suprimir o derogar trámites, procedimientos, autorizaciones, permisos y requisitos previstos en leyes, reglamentos, resoluciones, providencias y actos administrativos del Estado.
2. Modificar o reformar trámites y procedimientos administrativos del Estado.
3. Ordenar la digitalización de trámites y procedimientos del Estado, especialmente para la reducción del uso del papel.
4. Establecer la uniformidad o unificación de los trámites y procedimientos administrativos del Estado.
5. Crear ventanillas únicas.
6. Las demás medidas que sean necesarias y adecuadas para lograr la aceleración y optimización de los trámites y procedimientos administrativos del Estado.
En cuanto al proyecto para la protección de los derechos socioeconómicos, contiene 96 artículos distribuidos en cinco capítulos y promete el acceso a bienes y servicios de calidad para la población venezolana, así como “la defensa del salario y el sueldo de los venezolanos”.
El Parlamento aún no sé pronuncia sobre el estatus actual y no ha informado del inicio de la consulta pública de este segundo instrumento.
Bitácora Económica / NotiPrimicia
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