Hace varias semanas se pudo conocer que las autoridades estadounidenses se habían reunido con la directiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) para conversar sobre el estatus de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que Venezuela mantiene en el fondo. Se trata de unos 4.800 millones de dólares.
Al parecer, hasta mediados de enero solo hacía falta el voto de tres países para que Venezuela obtuviera 55% de los votos que necesita para que se tome la decisión de la venta de estos instrumentos.
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Hace unos días la portavoz del FMI, Julie Kozack, contestó a una pregunta sobre si había tenido comunicación con las autoridades de Venezuela, y aunque respondió que no, sí dijo que “cualquier contacto debe venir de un requerimiento de las autoridades” de Venezuela.
“Estamos recopilando información y hechos sobre cuál sería la mejor manera de perseguir una línea de contactos” si así lo expresan las autoridades de Caracas.
Asistencia financiera
Reiteró que el FMI no puede realizar sus labores de consultas en países bajo el Artículo IV, desarrollo de capacidades técnicas o asistencia financiera en países con los que hay relaciones pausadas, aunque sí es posible mantener “contactos de bajo nivel”, como es el caso de interacciones exploratorias.
Al respecto, fuentes cercanas a Exclusivas Económicas han señalado que en realidad el retraso en el desembolso de los DEG se debe al lobby que ciertos grupos opositores han estado haciendo con países europeos para evitar así que Venezuela obtenga el porcentaje mínimo para que sea aprobada esta decisión.
El propósito es que el gobierno interino de Delcy Rodríguez no reciba fondos adicionales ni ayuda del multilateral. No sólo con la intención de bloquear el uso de los recursos per se, sino para evitar lo que en la práctica sería un reconocimiento de su mandato. Hasta el momento, Estados Unidos, que bien podría haber utilizado su influencia en el fondo, ha evitado hacerlo.
Los DEG están bloqueados desde el año 2021 cuando varios países miembros, entre ellos Estados Unidos, desconocieron la legitimidad de Nicolás Maduro.
Adicionalmente, el fondo se ha negado a otorgarlos porque Venezuela ha incumplido el artículo 4 y el artículo 8 de los estatutos del FMI. El primero tiene que ver con el incumplimiento de la revisión anual de las cifras; mientras que el segundo está relacionado con la obligatoriedad de consignar las cifras al sistema de divulgación de datos del fondo.
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