Una reorganización territorial minera que separe pueblos indígenas, yacimientos mineros y reservas forestales, junto con la inclusión económica de las comunidades del sur de Venezuela, son aspectos que, según el ingeniero geólogo Dario Graffe, deben contemplarse en la reforma de la Ley de Minas que debate la Asamblea Nacional.
“En su versión actual no hay beneficios sociales para los pueblos mineros del estado Bolívar. No se aborda la industrialización de la minería artesanal o de pequeña escala, y no puede haber minería sin reorganización territorial adecuada”, señaló Graffe, quien considera que decisiones anteriores han generado “una hecatombe ambiental”.
Graffe explicó que reorganizar el eje suroriental —Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas— y establecer una autoridad que supervise la explotación minera podría beneficiar tanto a la zona como a los habitantes que dependen de la extracción de metales preciosos.
La reforma incluye 130 artículos, de los cuales 55 ya fueron aprobados. El pasado 26 de marzo, la Asamblea Nacional pospuso nuevamente su discusión. El proyecto busca abrir el sector a la inversión privada y extranjera, garantizando seguridad jurídica a los inversionistas.
La normativa prevé crear la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera, encargada de supervisar, controlar e inspeccionar todas las operaciones mineras.
Sin embargo, Graffe advierte que esto no basta. “Se necesita un órgano con facultades para controlar la minería artesanal, mediana y a gran escala, no solo para favorecer intereses extranjeros”, remarcó.
El especialista también señaló que la minería artesanal debe industrializarse, permitiendo que los capitales locales crezcan y que los municipios mineros reciban beneficios sociales y recursos para la recuperación ambiental.
Recordó que planes previos, como la reconversión minera de 2008, el plan Piar y el Arco Minero, solo sirvieron para extraer minerales y aumentar el impacto ambiental.
La discusión del proyecto será retomada este martes por la Asamblea Nacional. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, planteó la reforma como una urgencia tras la visita del secretario de Interior de EE. UU., Doug Burgum, quien luego apoyó con una licencia del Departamento del Tesoro para permitir la participación de empresas estadounidenses en la explotación de oro en Venezuela.
Con información de Bitácora Económica
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