El 6 de noviembre, Erika Palacio Fernández grabó sin saberlo el único video verificado hasta la fecha que documenta las secuelas de un ataque aéreo estadounidense en el marco de la campaña contra lo que el gobierno de Donald Trump llamó “narcoterroristas”, según reporta The New York Times.
Dos días después, en la misma costa de la península de La Guajira, Colombia, aparecieron los restos de una embarcación calcinada de 30 metros, junto con dos cuerpos destrozados, bidones quemados, chalecos salvavidas y decenas de paquetes, muchos vacíos y algunos con restos de marihuana. Estas pruebas constituyen la primera evidencia física de una campaña que habría destruido 29 embarcaciones y causado la muerte de más de 100 personas en el Caribe y el Pacífico oriental, sin que el ejército estadounidense haya mostrado pruebas de actividad criminal de las embarcaciones atacadas.
El análisis del video de Palacio determinó que el ataque ocurrió en el golfo de Venezuela, zona disputada entre Colombia y Venezuela, y coincide con una embarcación mostrada en un video del secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth. El ataque, descrito como dirigido contra una “organización terrorista designada”, provocó la muerte de tres personas y tuvo lugar en aguas internacionales.
La lejanía de La Guajira y la escasa presencia estatal colombiana explican que los restos fueran descubiertos días después por pescadores locales, quienes enterraron a los cuerpos siguiendo las tradiciones de la comunidad wayú. La Medicina Legal de Colombia recuperó los restos semanas más tarde para iniciar la investigación forense.
Los paquetes de plástico hallados en la zona contenían restos de marihuana y presentaban signos de haber sido quemados o derretidos. Expertos locales indican que el tráfico de marihuana y cocaína en La Guajira combina operaciones de pequeña escala con actividad de grupos armados, más que la acción de grandes cárteles, y forma parte de la vida cotidiana de la región.
El ataque estadounidense y sus consecuencias reavivan el debate sobre la legalidad de los operativos militares en aguas internacionales y su impacto sobre civiles, mientras persisten interrogantes sobre los objetivos reales de la campaña en Venezuela y el Caribe.
El artículo completo en THE NEW YORK TIMES
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