El presidente de la Asociación Venezolana de la Pequeña y Mediana Industria Petrolera (PetroPymi), Reinaldo Quintero, detalló que de los 18 artículos que busca modificar la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, los gremios empresariales del sector energético plantearon una serie propuestas al Ejecutivo, «más de forma que de fondo a 10 de esos artículos», con el objetivo es establecer condiciones específicas que obliguen o incentiven la contratación de empresas nacionales en la cadena de suministro.
La propuesta central del sector privado energético apunta al artículo 18 de la Ley. «Nuestro aporte principal es sobre el contenido local, para la generación de empleos en el país a través de la industrialización de bienes y servicios conexos y directos a la cadena de valor de los hidrocarburos», dijo Quintero.
Explicó que en toda la cadena de valor hay dos cosas que generan empleo: «Uno, los que son directos, que tienen que ver con la operación petrolera. Eso es aguas arriba» y se refiere a todo lo que tiene que ver con la exploración y producción petrolera.
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En segundo lugar, «aguas abajo», según el presidente de PetroPymi, se encuentra todo lo que es el proceso de refinación, petroquímica y distribución tanto del comercio interno como del comercio externo, que «es atender el mercado nacional, los buques y la exportación» de crudo.
Asimismo, enfatizó que «en la cadena directa de la industria de los hidrocarburos se genera trabajo a través de las empresas mixtas, de la operadora directa que es Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y de los Contratos de Participación Productiva de Hidrocarburos, que son operadoras nacionales e internacionales».
A esto se le suma el trabajo del sector conexo de bienes y servicios que requiere la industria energética venezolana, que son fábricas que suplen los bienes que utiliza este sector.
«En este caso pueden ser químicos, puede ser metalmecánica, puede ser tecnología, servicios de otro tipo o incluso suministro, por ejemplo, de insumos: cascos, botas, insumos de seguridad, varias cosas que consume la industria”, apuntó.
Entonces, “la mayoría de las empresas, como lo dijo Chevron en su exposición, contratan a más del 90% de la mano de obra venezolana, eso es directo. Pero después vienen los recursos que son la maquinaria, los equipos, los bienes, que también deberían tener de alguna forma la preferencia o por lo menos, la capacidad de suministro de las empresas nacionales», sostuvo Quintero.
De hecho, esta propuesta fue discutida en el seno de la Consulta Pública que sostuvo este lunes PetroPymi, junto a la Asociación Venezolana de Hidrocarburos (AVHI), la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG) y la Cámara Petrolera de Venezuela (CPV), con las autoridades provisionales del país, para debatir el nuevo marco legal de Ley de Hidrocarburos.
Financiamiento y emisión de títulos
Otro de los planteamientos del sector privado energético venezolano es incluir dentro de la reforma el tema de financiamiento y emisión de títulos valores, con mecanismos y leyes existentes en el mercado bursátil, tanto para Pdvsa como para las empresas mixtas y operadores nacionales.
«Normalmente, el financiamiento viene directo de la banca de inversión o de la banca comercial y, por lo menos, la banca comercial venezolana no tiene la capacidad para atender ese volumen de negocio. No está hecha para eso y es algo que hay que crear, ese capital nacional para poder abordar esa demanda», aseveró el presidente de PetroPymi.
En sentido, considera que una de las formas alternas a esta situación es a través de las bolsas de valores y del mercado de valores, en el que se permita atender algunos proyectos y que cualquier persona, natural o jurídica, pueda emitir y comprar acciones determinadas mediante una titularización.
Para Quintero, esto sería aplicable tanto para el mercado nacional como para el internacional. «Posiblemente para la Bolsa de Valores de Caracas o la Bolsa de Nueva York, por ejemplo, y aplicaría también para Pdvsa o para las operadoras mixtas, las operadoras nacionales y los contratistas. O sea, sería en toda la cadena de valor».
Regalías flexibles en los campos verdes
Uno de los puntos más disruptivos del proyecto de la Ley de Hidrocarburos es la implementación de una «regalía flexible» ajustada a la viabilidad económica de los proyectos. Esta medida está diseñada especialmente para los llamados «campos verdes, «greenfields» o «campos vírgenes», donde la infraestructura es inexistente.
«Estamos de acuerdo en la regalía flexible y ajustada a la economicidad o viabilidad de los proyectos de desarrollo sobre todo en los campos verdes, ‘greenfields’. En lo pragmático es darle movilidad a los recursos delegados en el Poder Ejecutivo», afirmó el presidente de PetroPymi.
Agregó que «cuando uno va a entrar a trabajar en esos campos, tiene que crear una infraestructura. Por lo tanto, la intensidad de capital, que se llama CAPEX, es más intensa y como eso requiere más concentración de inversión, se puede bajar la regalía al principio del período de la implementación del CAPEX, de la infraestructura, para que el retorno de la inversión sea más fácil y más conveniente en términos de tiempo y pueda ajustarse a los proyectos. Es decir, vas a invertir más y puedes tener menos regalía al principio.
Puede ser 5 años o 3 años, dependiendo del lapso de financiamiento», sugirió Quintero. Asimismo, aseguró que grandes multinacionales energéticas están interesadas en invertir en estos proyectos, debido a que «Venezuela es uno de los pocos países en el planeta que tenemos campos verdes disponibles».
Entre esas empresas se encuentra: ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron, Total, Shell, Repsol, Eni. «Eso es un juego ya de un nivel de inversión de capital mucho más intenso que lo que son los campos maduros, que se llaman ‘brownfield’, u otras operaciones que son alianzas técnico-financieras o los mismos CPPH, que son Contratos de Participación Productiva (CPP) de Hidrocarburos. Esos son más grandes, a un nivel de inversión más grande», resaltó el vocero gremial.
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