El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exige el sobreseimiento inmediato y la libertad plena para todos los periodistas y trabajadores de la prensa sometidos a procesos judiciales y medidas cautelares en Venezuela.
Para enero de 2026 eran 40 los comunicadores judicializados. Hoy, al menos 20 casos permanecen sin resolver, pese a que en el 70 por ciento de ellos, las solicitudes de sobreseimiento, en el marco de la Ley de Amnistía, son presentadas ante los tribunales competentes. Lo más grave es que los lapsos legales establecidos para decidir ya están vencidos.
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El SNTP advierte que la falta de respuesta no es un hecho aislado. Sino parte de un patrón de dilación y obstrucción del acceso a la justicia. En distintos tribunales se reportan irregularidades, entre ellas el extravío de expedientes, la no distribución de solicitudes introducidas a través de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) y la ausencia de pronunciamientos dentro de los plazos legales.
Solicitudes
Asimismo, se documentaron situaciones en las que las víctimas son inducidas a error respecto al estatus de sus solicitudes, al ser informadas por defensores públicos que estas han sido remitidas a los tribunales. Mientras que, transcurridos los lapsos correspondientes, los propios tribunales niegan recibirlas
Estas prácticas vulneran de manera directa el derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el acceso a la justicia. Mantienen a periodistas y trabajadores de la prensa en un estado de incertidumbre jurídica. Sometidos a medidas cautelares que les impiden ejercer plenamente sus derechos.
Toda la información relativa a los casos de periodistas y trabajadores de la prensa sometidos a procesos judiciales son consignada ante el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. Así como ante la Comisión de la Asamblea Nacional encargada del seguimiento de la Ley de Amnistía. En ese marco, el pasado 25 de marzo representantes del SNTP sostuvieron una reunión con algunos de sus integrantes.
El SNTP hace un llamado a los operadores de justicia -fiscales, defensores públicos y jueces- a actuar con urgencia. Apegados a la ley y al respeto de las garantías del debido proceso, a fin de evitar mayores vulneraciones de derechos y restituir la libertad plena de quienes continúan sometidos a medidas cautelares.
El cumplimiento de los lapsos procesales no es discrecional y la aplicación de la amnistía no puede obstaculizarse mediante omisiones administrativas o judiciales.
Nota de Prensa / NotiPrimicia
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