Un grupo de organizaciones de trabajadores y defensores de derechos humanos presentó una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas contra el Estado venezolano, por presunta denegación de justicia en una demanda relacionada con el salario suficiente introducida ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2023.
Los demandantes alegan la violación de los derechos de acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo, al asegurar que la Sala Constitucional del TSJ no ha emitido pronunciamiento sobre la admisión o inadmisión del recurso, ni ha fijado audiencias, además de impedir el acceso a copias del expediente judicial.
De acuerdo con la comunicación presentada ante el organismo internacional, el Estado venezolano habría incurrido en una “denegación de justicia continuada”, lo que impediría el ejercicio efectivo de la tutela judicial en el país.
Peticiones ante la ONU
El grupo solicitó al Comité de Derechos Humanos:
- Declarar admisible la comunicación por la imposibilidad de obtener justicia a nivel interno.
- Constatar la violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Exigir como reparación el acceso al expediente, la admisión del caso y un pronunciamiento sobre el fondo por parte del TSJ.
- Instar a reformas que eviten el uso del silencio procesal como mecanismo de desprotección.
La acción se sustenta en los artículos 2.3 y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado ratificado por Venezuela en 1978.
Antecedentes del caso
El 25 de julio de 2023, trabajadores y organizaciones sindicales introdujeron una acción de amparo constitucional ante la Sala Constitucional del TSJ, en defensa del derecho a un salario suficiente, sin que hasta la fecha exista respuesta del tribunal.
El recurso buscaba una decisión frente a las políticas salariales del Ejecutivo, incluyendo el esquema de bonificación del ingreso que no incide en beneficios laborales como prestaciones sociales, vacaciones y utilidades.
“Fuimos al TSJ a que nos protegiera frente a la violación del derecho al salario suficiente y allí se nos negó el acceso a la justicia. La respuesta ha sido silencio y opacidad”, afirmó Antonio González Plessmann, de la organización Surgentes.
La comunicación internacional está suscrita por representantes sindicales y defensores de derechos humanos, entre ellos Eduardo Sánchez (UCV), Adelmo Becerra, Marisol Guédez y el propio González Plessmann.
El salario mínimo en Venezuela se mantiene en 130 bolívares desde 2022, mientras el Ejecutivo ha impulsado un esquema de bonificaciones que no inciden en el cálculo de beneficios laborales.
Nota de prensa/ Tal Cual/ NotiPrimicia
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