Tribunal niega amnistía a adolescente venezolana y ONG exige revisión

por Dennys Bracho

La ONG venezolana Cecodap denunció este martes que un tribunal con competencia en casos de terrorismo negó la amnistía a una adolescente de 16 años, por lo que solicitó a las autoridades revisar el caso, al considerar que está en juego la vida, dignidad y desarrollo de la joven frente al poder punitivo del Estado.

Carlos Trapani, coordinador general de la ONG, explicó en su cuenta de X que la Ley de Amnistía no es una opción del juez: “Si se cumplen las condiciones, debe aplicarse obligatoriamente”.

Según Trapani, el tribunal argumentó que, por tratarse de delitos relacionados con terrorismo, la amnistía no podía aplicarse. Sin embargo, el abogado aclaró que la ley no excluye delitos por su nombre, sino por su naturaleza. Para justificar la exclusión, el juez debía explicar claramente cómo los hechos encajan en esos supuestos jurídicos, pero la decisión fue tomada “por sentada, sin explicación”.

“La sentencia trata la amnistía como si fuera discrecional, cuando la ley establece que, al cumplirse sus condiciones, la acción penal se extingue y el tribunal debe declarar el sobreseimiento”, agregó.

Trapani resaltó que el caso de una adolescente requiere un análisis especial, ya que la justicia penal para menores busca proteger, educar y favorecer la reintegración, evaluando el impacto de las decisiones en su desarrollo, salud mental, entorno familiar y proyecto de vida.

Además, señaló que en situaciones donde menores son imputados por delitos graves como terrorismo, es fundamental determinar si fueron instrumentalizados o influenciados por adultos, un aspecto que la sentencia no abordó. “No se examinó el contexto, las relaciones de poder ni si la adolescente pudo haber sido utilizada”, precisó.

El abogado advirtió que imputar delitos de alta complejidad sin un análisis individualizado puede constituir una victimización institucional y plantea dudas sobre la legalidad del proceso.

La Ley de Amnistía vigente contempla un período de 27 años, desde 1999, y aplica a personas vinculadas con 13 hechos específicos ocurridos en distintos años, excluyendo otros delitos como operaciones militares, corrupción, homicidio o violaciones de derechos humanos.

Agencias

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