El Tribunal Supremo de Estados Unidos otorgó este lunes una importante victoria al presidente Donald Trump al permitir que continúe, por ahora sin un plazo definido, la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca, una obra que ha generado críticas y disputas legales.
La decisión fue adoptada por cinco votos contra cuatro, luego de que el Departamento de Justicia solicitara al máximo tribunal levantar los bloqueos impuestos previamente por jueces de instancias inferiores.
La Corte no resolvió si Trump puede construirlo sin el Congreso
Aunque el fallo permite que las obras continúen, el Supremo no determinó si Trump tiene autoridad legal para ejecutar el proyecto sin contar con la aprobación del Congreso.
El tribunal señaló que existen dudas sobre la legitimación del Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica para presentar la demanda que había provocado la suspensión de los trabajos.
La decisión mantiene, sin embargo, una excepción relacionada con las obras del búnker de seguridad ubicado bajo el futuro salón de baile.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, se sumó a las tres magistradas liberales que votaron en contra de la decisión: Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.
Roberts expresó además que considera probable que la construcción pueda ser ilegal, aunque esa cuestión no fue resuelta definitivamente por el tribunal.
Un proyecto que ha generado controversia
Trump impulsa la construcción del salón de baile como una ampliación de las instalaciones de la Casa Blanca destinadas a recibir invitados y realizar actos oficiales.
Para desarrollar el proyecto fue demolida el Ala Este de la Casa Blanca, una decisión que provocó críticas de organizaciones dedicadas a la preservación histórica y otros sectores.
El Tribunal Supremo ya había permitido el pasado 21 de agosto que las obras continuaran de manera provisional mientras analizaba la solicitud presentada por el Gobierno.
Con el nuevo fallo, Trump obtiene margen para mantener los trabajos, mientras continúa pendiente el debate jurídico sobre los límites de la autoridad presidencial para modificar las instalaciones de la residencia oficial sin intervención del Congreso.
Con información de SWI
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