La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió la solicitud de avocamiento presentada por la defensa del empresario zuliano Jaime Andrés Ruiz Salamanca y ordenó la paralización inmediata del juicio penal que se seguía en su contra en el estado Zulia, según informó el máximo tribunal venezolano en su portal oficial.
La decisión, contenida en la sentencia número 21, obliga al Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia a recabar el expediente completo y suspender todas las actuaciones, incluyendo el debate oral, mientras la Sala Constitucional evalúa los alegatos de presuntas irregularidades procesales planteadas por la defensa.
Antecedentes y nulidad del proceso civil
El caso se remonta a octubre de 2025, cuando la Sala Civil del TSJ declaró nulo todo el proceso civil de desalojo que dio origen a las actuaciones penales en contra de Ruiz Salamanca. Esa decisión, basada en vicios procesales desde el inicio del caso, ordenó reiniciar el proceso en la vía civil conforme a la ley de arrendamiento comercial, al considerar que las actuaciones anteriores carecían de validez.
Pese a la nulidad civil, el proceso penal continuó su curso en el Zulia, lo que motivó que la defensa promoviera la revisión constitucional. Alegaron violaciones al debido proceso, subversión del orden procesal y afectaciones al derecho a la defensa, aspectos que ahora están en análisis por la Sala Constitucional.
Investigación a la fiscal en el origen del caso
El proceso penal se generó tras la intervención en junio de 2025 de la entonces fiscal octava del Ministerio Público en Zulia, Mariángelis Araque Díaz, quien ordenó la detención de Ruiz Salamanca bajo cargos derivados de la supuesta invasión de un inmueble relacionado con un negocio del empresario. Araque Díaz fue posteriormente detenida e imputada por presuntos delitos de corrupción y extorsión vinculados a estas actuaciones.
Situación actual
Con la admisión del avocamiento, el juicio penal queda suspendido temporalmente mientras la Sala Constitucional revisa a fondo el caso. El tribunal de instancia deberá remitir todas las actuaciones y evidencias al TSJ para su evaluación detallada, según lo ordenado en la sentencia.
Mientras tanto, el empresario continúa privado de libertad a la espera de la resolución sobre esta fase de control constitucional.
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