Lo que inició como un sueño de retorno, tras años de esfuerzo en el extranjero, se convirtió en una pesadilla legal y policial para Andrés Eloy Jaime Páez. Tras residir varios años en Colombia y luego en Estados Unidos —donde logró levantar un restaurante familiar— decidió regresar a su tierra en La Villa del Rosario del estado Zulia.
En su derecho a réplica, consagrado en la Constitución Bolivariana de Venezuela, artículo 58, Andrés Eloy Jaime Páez hizo llegar a NotiPrimicia su versión del caso en el que lo involucran «intereses oscuros» que afectan su honorabilidad ciudadana y la tranquilidad de su familia.
Sin embargo, su llegada no fue recibida con seguridad, sino con lo que él denuncia como una trama de extorsión orquestada por «funcionarios policiales».
Una «reseña» de hace una década
Según el relato de la víctima, el asedio comenzó basándose en un incidente de hace aproximadamente diez años. En aquel entonces, un hurto en una vivienda de su comunidad llevó a que su nombre quedara registrado en los archivos internos del CICPC, aunque asegura que nunca fue procesado ni detenido formalmente.
«Fui a la Fiscalía y al tribunal en ese tiempo. Mi abogada me dijo que no tenía problemas. Me fui a Colombia, volví y luego a Estados Unidos. Nadie me dijo nada durante años», explica a NotiPrimicia Andrés Jaime Páez, quien asumía que aquel episodio estaba cerrado.
El «picheo»: la extorsión tras el retorno
Andrés Jaime Páez, quien asumía que aquel episodio estaba cerrado, al regresar de Estados Unidos con el capital obtenido por la venta de su negocio, afirma que un funcionario del CICPC, presuntamente, habría filtrado la información a efectivos policiales.
El día de la detención, ocurrida el 17 de octubre de 2025, Andrés Eloy no estaba solo; lo acompañaban su esposa y su hija de apenas dos años. Bajo la amenaza de un expediente antiguo, los funcionarios habrían exigido inicialmente $200.000, cifra que luego bajaron a $50.000.
Ante la desesperación de ver a su hija retenida y sin alimentación en la sede policial, asegura que la familia cedió, cuando «mi madre tuvo que empeñar la casa y pedir prestado a los vecinos. Entregamos 30.000 dólares a los funcionarios de la Policía Nacional», relata con indignación.
La contraofensiva: denuncia y represalias
Lejos de callar, Andrés Jaime Páez acudió a la Fiscalía al día siguiente de su liberación para denunciar el hecho. Esta acción provocó, según su testimonio, la renuncia inmediata del funcionario del CICPC implicado.
El «modus operandi»: el retorno como blanco
El testimonio de Andrés Jaime Páez arroja luz sobre una práctica que, según denuncia, se ha vuelto sistemática en la zona, consistente en el «picheo» de migrantes que regresan con ahorros. «Todo el que llega de Estados Unidos lo pichan», afirma con amargura.
En su caso, la herramienta de coacción fue esa vieja reseña interna por un presunto hurto en el que nunca se comprobó su participación ni se dictó orden de captura. Aquel registro, que debió ser un archivo muerto, fue presuntamente utilizado para señalarlo ante efectivos de la PNB.
En la trama aparece un tercer actor. Un funcionario de la Policía Regional de apellido Ortigoza, quien actuó como intermediario, cuando afirma que «mi hermana lo llamó para que ayudara y él terminó gestionando el pago; actualmente es el único detenido».
De víctima a señalado: el giro del caso
El proceso legal ha tomado un rumbo que el afectado califica de «absurdo y peligroso». Ante la opinión pública y ciertos sectores judiciales, se ha intentado vincular a Andrés Jaime Páez con organizaciones criminales como la «Banda del Oso», acusaciones que él rechaza categóricamente.
«Yo lo que quiero es aclarar mis cosas. No sé qué banda es esa. Ahora los mismos funcionarios que se quedaron con mi dinero están pasando información falsa para que me detengan a mí y así ellos quedan limpios», denuncia Jaime Páez, quien teme que el traslado del caso a una Fiscalía Contra la Corrupción sea una estrategia para dilatar las órdenes de aprehensión contra los «verdaderos extorsionadores».
Este jueves 12 de marzo, Andrés Eloy Jaime Páez acudió a la sede de la Fiscalía del Ministerio Público en La Villa del Rosario, donde denunció acoso y levantamiento de calumnias por parte de medios de comunicación. «En dichas publicaciones se registran nombres y fotografías mías y de mi esposa, señalándonos como delincuentes, situación que genera daño a nuestra reputación y tememos que cualquier funcionario pueda interpretar erróneamente las informaciones falsas».
Hoy, el hombre que regresó para invertir en el campo vive bajo la sombra de la represalia. Mientras las autoridades deciden el futuro del caso, Andrés Jaime Páez hace un llamado a la Fiscalía Superior para que se reconozca su condición de víctima y se detenga lo que considera una «cacería de brujas» contra quienes, como él, solo busca trabajar su tierra.
Redacción NotiPrimicia
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