El abogado José Vicente Faría Labarca, criminólogo y defensor de derechos humanos, denunció que él y su familia son víctimas de una «implacable» persecución política por parte de las autoridades venezolanas. Aseguró que su único delito fue denunciar violaciones de derechos humanos cometidas por organismos de seguridad del Estado.
Con pruebas en mano, el especialista en Derecho sostuvo que las acusaciones judiciales en su contra carecen de fundamento.
El hostigamiento comenzó luego de que denunciara, en marzo de 2025, detenciones ilegales y desapariciones forzadas atribuidas a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en medio del contexto de represión política instaurado en el país tras las elecciones presidenciales de 2024.
Faría aseguró que, días después de presentar la denuncia, tanto él como su esposa comenzaron a recibir amenazas. También afirmó que la familia era seguida durante sus actividades cotidianas.
«Hemos recibido constantes amenazas del gobierno, militares y civiles, de incriminar a mis familiares para mantenernos silenciados», denunció.
Al abogado le abrieron una causa penal en la que lo señalan como socio de algunos de sus clientes, un hecho que calificó como «criminalización al ejercicio del abogado».
Agregó que en ese proceso se le vincula con una narrativa de amenaza nacional difundida por las autoridades venezolanas, en la que se señaló a dirigentes opositores, como Edmundo González y María Corina Machado, y a empresarios —entre ellos José Enrique Rincón, propietario del Grupo Lamar— de tener vínculos para atentar contra la democracia venezolana.
«Al ser abogado de ciudadanos investigados en estos casos de alto perfil, me convirtieron en un objetivo clave para la obtención de información con respecto a dichos ciudadanos a través de la tortura; por lo que debí salir del país con mi familia», explicó Faría.
El jurista sostiene que sus denuncias sobre desapariciones forzadas, su exposición pública en redes sociales y medios de comunicación, su trabajo social y sus aspiraciones políticas también fueron factores que llevaron al Estado a magnificar los hechos e iniciar una persecución «sin tener pruebas».
Un testigo con prontuario
Faría aseguró que, en su caso, el Ministerio Público utiliza la declaración coaccionada de un supuesto testigo protegido, a quien asistió legalmente en 2012 junto con un equipo de abogados durante un juicio de extradición en Panamá. Según explicó, esa persona tiene un amplio prontuario penal internacional.
Indicó que el testigo no pagó los honorarios al equipo de especialistas que lo defendió y que, posteriormente, los abogados intentaron cobrar la deuda por la vía legal.
«Ahí radica su animadversión», señaló Faría, quien insistió en que no existe ninguna prueba real en su contra.
Desde España, el abogado teme por su vida y la de su familia.
«El terrorismo de Estado es trasnacional, e incluso hay agentes dentro de España encargados de perseguir», remarcó.
Aseguró que tuvo que exiliarse porque en Venezuela opera una «mafia en el Poder Judicial» que le impide ejercer su defensa, una situación que, según afirmó, también afecta a decenas de presos políticos que permanecen tras las rejas en el país.
«Me han impedido denunciar a este testigo por falsa atestación ante funcionario público para no demostrar la incriminación. Este ciudadano de nombre Rafael Antonio Pala Pacheco es tratado como testigo estrella para incriminar despiadadamente a decenas de personas, y no se puede seguir protegiendo a quien está al servicio de los organismos de persecución del Gobierno», sostuvo el defensor de derechos humanos.
Faría también señaló que, en el marco de estos operativos, fueron detenidos alcaldes, policías y militares en el estado Zulia, bajo lo que calificó como un esquema de persecución política.
Violaciones y amnistía negada
Al igual que a decenas de perseguidos políticos, a Faría le fueron incautados sus bienes. Además, aseguró que las instalaciones de su bufete, Faria Corporación Jurídica Internacional, C. A., funcionan actualmente como un comando militar de la Guardia Nacional con calabozos para detenidos.
El caso de Faría estaba a cargo del entonces juez Ángel Betancourt Martínez, titular del Tribunal Tercero de Control del Área Metropolitana de Caracas con competencia en terrorismo, quien fue detenido en septiembre de 2025 por hechos de corrupción.
Los tribunales con competencia en terrorismo fueron utilizados para imputar y señalar a numerosas personas después de las elecciones presidenciales de 2024. En ese contexto, el entonces fiscal general, Tarek William Saab, calificó de terroristas a detenidos en medio de la crisis poselectoral.
Faría solicitó ser beneficiario de la Ley de Amnistía, aprobada en febrero de este año por la Asamblea Nacional y la administración de Delcy Rodríguez. Sin embargo, afirmó que, dos meses después de introducir la solicitud, esta le fue negada arbitrariamente.
Desde el exilio, el abogado exige que su caso sea revisado con objetividad y que se aparte a quienes identifica como integrantes de «la mafia judicial» que, según denuncia, aún opera en Venezuela.
«Hay muchos interesados en callar la verdad, y que los verdaderos culpables de esos delitos gravísimos salgan impunes», expresó.
Faría hace esta petición con la expectativa de que se haga justicia en su caso y en el de decenas de presos políticos, en medio del proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que forma parte de los acuerdos alcanzados en agosto pasado entre un sector opositor y el chavismo en una mesa de diálogo respaldada por Estados Unidos.
Agencias
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