A pesar del apartheid de género establecido por los talibanes, las afganas se niegan a quedarse paradas, han creado escuelas clandestinas, redes de resistencia, empresas domésticas y formas de activismo dentro y fuera del país. Al cumplirse cinco años del régimen talibán, expertos internacionales en derecho y en derechos humanos dan un paso al frente y publican una declaración en la que califican el sistema talibán de apartheid de género y reclaman su prohibición expresa en el Derecho internacional.
Las afganas vieron cerrarse su ventana de esperanza el 15 de agosto de 2021. Muchas habían conocido el primer emirato talibán, entre 1996 y 2001, y sabían lo que significaba el régimen de represión, pero había una generación que no vivió en aquel Afganistán y que se resiste a ser enterrada en vida. La Constitución de 2004 consagró formalmente la igualdad de género y, durante las dos décadas de la república, las mujeres entraron en el parlamento, la administración, las universidades, los medios de comunicación o las organizaciones de la sociedad civil.
Hace cinco años, los talibanes echaron el cerrojo a la libertad. Uno de los primeros campos en los que se vio que no cumplirían sus promesas iniciales fue la educación de las niñas y mujeres. Primero les cerraron las aulas de la enseñanza secundaria y, el 20 de diciembre de 2022, prohibieron su acceso a la universidad. Afganistán es hoy el único país del mundo que excluye a las niñas y mujeres de la educación secundaria. Es parte de una arquitectura más amplia de control y represión. Zakia Alikzada, una joven de Kabul, lo expresaba así: “Creo que estoy viviendo en una oscuridad sin futuro, siento que estoy en una prisión”.
La exclusión de las mujeres de la educación y el empleo lastra el futuro del país y, en el caso de la sanidad, crea una grave crisis por la falta de profesionales femeninas en el sector, las restricciones de movilidad y el requisito de que las mujeres sean acompañadas por un mahram (tutor masculino). Todo esto dificulta su atención médica. Se trata de una cadena perversa a la que hay que añadir que las mujeres no pueden ser atendidas por personal sanitario masculino.
Cada vez menos espacio para vivir
Tras la prohibición de estudiar y trabajar, llegó la del uso de parques, gimnasios, salones de belleza o baños públicos. Los talibanes han ido colocando un clavo tras otro en el ataúd al que reducen el espacio vital de la población femenina del país. El Ministerio para la Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, dirigido por Khalid Hanafi, fue todavía más lejos, en 2024. Prohibió que se escuchara la voz de las mujeres en espacios públicos, impuso exigencias sobre el rostro y el cuerpo de la mujer y restringió aún más sus desplazamientos. Hanafi lo resumió con una frase: “La implementación de la sharía y el hiyab son nuestra línea roja. No podemos negociar con nadie sobre estos asuntos.”
Mahbouba Seraj, una de las principales voces de la sociedad civil afgana, advierte sobre el silencio de la comunidad internacional: «No veo reacción alguna del mundo. Eso es lo que me preocupa de verdad. Nuestros derechos están siendo borrados, uno a uno. Es realmente un apartheid». Los talibanes han justificado repetidamente sus restricciones en su interpretación de la sharía. En noviembre de 2022, Abdul Haq Hammad, entonces jefe de publicaciones del Ministerio de Información y Cultura, decía tajante: «Los derechos de las mujeres están en la base de la cultura occidental, pero no de la cultura de la mujer afgana. Es la cultura del pueblo afgano. Es el islam».
El nuevo Código de Procedimiento Penal
El 4 de enero de 2026, el líder de los talibanes, Hibatullah Akhundzada, firmó y promulgó el nuevo Código de Procedimiento Penal para los tribunales. Profundizaba en la discriminación y reducía la protección de las mujeres frente a algunas formas de violencia, como la doméstica o el matrimonio infantil. Determinados tipos de castigo corporal dentro del matrimonio quedan en el ámbito doméstico salvo que se demuestre un daño físico grave.
Pero el nuevo código penal muestra algo más: la interpretación talibana de la sharía se convierte en la fuente de un sistema normativo penal. La represión queda codificada. El texto, según la organización afgana de derechos humanos Rawadari, institucionaliza el apartheid de género, debilita garantías esenciales del Estado de derecho, afecta a principios como la igualdad ante la ley, la legalidad, la responsabilidad penal individual y la presunción de inocencia y aumenta el riesgo de torturas y abusos, Shaharzad Akbar, directora ejecutiva de Rawadari, lo define como un intento de consolidar «una estructura de desigualdad, represión, exclusión y violencia que los talibanes han estado construyendo desde su regreso al poder».
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